Artículo Localeando, 9 de Septiembre de 2003
Jaime Villasana Dávila
La exigencia social por transparentar las acciones del gobierno en cualquiera de sus ordenes (federal, estatal y municipal) y en cualquiera de las formas del poder (ejecutivo, legislativo y judicial) continuará todavía aún por mucho tiempo más.
Hoy en día, no hemos ni siquiera llegado a la mitad del camino aún cuando ya hay una ley federal al respecto (que por cierto sólo aplica a dicho orden de gobierno), cuando solo alrededor de 5 estados han aprobado una ley similar y cuando en la gran mayoría de los municipios aún queda mucho por hacer.
“Abrir” un gobierno a la sociedad no es, ni mucho menos, una decisión y una tarea fácil para el gobierno local (ni tampoco para el federal y estatal). La temerosidad por dar a conocer sus “entrañas”, aunque no haya nada podrido dentro de ellas, es muy grande debido a varios factores, principalmente a uno que nos rodea a todos: la cultura del oscurantismo. En otras palabras, no hay una cultura por abrir la toma de decisiones, por abrir la construcción de los procesos gubernamentales, por abrir y hacer pública la voluntad genuina de hacer las cosas (temor a decir lo que pensamos, a debatir sobre ello y llegar a conclusiones colectivas). Pero este no es el único obstáculo.
Otro factor, quizás igual de importante, es el de la falta de consolidación de la cultura por exigir resultados al gobierno (exigencia de la rendición de cuentas y de transparencia). Y es que si bien existe, está sólo se hace presente en unos cuantos ciudadanos de entre millones que integran a una sociedad. Al respecto se pudiera decir que se deben de considerar aspectos históricos y hasta quizás de idiosincrasia, pero lo que si no se vale, es que no se haga nada al respecto y que no se aprovechen los escenarios que un gobierno genera cuando tiene una clara disposición por abrirse. Y es que las oportunidades son pocas y hay que aprovecharlas, porque sino, quien sabe cuando volverán y entonces cuando queramos actuar será demasiado tarde.
Hablando de los gobiernos municipales diremos que la transparencia en este orden de gobierno comenzó a tomar fama (ojo dije fama) cuando el municipio de Monterrey lanzó, por octubre del 2000, una iniciativa para crear una Comisión Ciudadana de Transparencia. Criticada por unos (dado que en un principio no tenía sustento legal) y apoyada por otros (la sociedad tiene derecho a saber todo), esta figura externa al aparato gubernamental se convirtió en uno de los pilares del gobierno en turno a pesar del temor gubernamental de que una posible cascada de solicitudes por obtener información se hiciera presente. Tal como en Canadá, esto no sucedió.
Conforme se hacia lo necesario para sustentar legalmente a dicha comisión ciudadana y que los resultados en Monterrey comenzaban a ser más palpables, algunos gobiernos locales, desafortunadamente pocos, reforzaron sus programas de rendición de cuentas, de información a la ciudadanía y crearon programas especiales para “abrir” poco a poco sus tomas de decisiones a ciudadanos no tan cercanos a sus formas de pensar. Y es que no se podían quedar atrás (la competencia siempre genera que se mejore en muchas cosas).
Corregidora, Querétaro; Mazatlán y Guasave en Sinaloa; Texcoco, Ixtlahuaca y Neza en el Estado de México; Apizaco, Tlaxcala; Villahermosa, Tabasco; entre otros más, son claros ejemplos de esfuerzos por ir transparentando algunos aspectos del gobierno municipal. Mención aparte merece la reciente decisión del Cabildo de Saltillo, donde se formo la Comisión de Transparencia que es encabezada por un Regidor de oposición y que se parece al esfuerzo realizado en Monterrey, aunque este consiste en crear una figura al interior del Gobierno local (en el Cabildo mismo). Ya veremos cuál de los dos caminos brinda mejores resultados.
Como sea que fuere, el gobierno local aún dista mucho de estar en niveles apropiados de transparencia. No basta solo con enfocarse en transparentar los resultados (difusión de las cuentas públicas, difusión de las obras a realizar o realizadas, requisitos para realizar un trámite, etc) o unos cuantos procesos que generalmente se abren cuando ya están casi en su etapa final. Aquí ya poco se puede hacer por transparentar las cosas.
Es necesario ir más a fondo y transparentar todas y cada una de las etapas de todos los procesos que existen en un gobierno; de transparentar “todo el camino” de porque las finanzas de una Ayuntamiento están bien o mal, el proceso que se sigue para autorizar o negar un trámite, el proceso que se sigue para licitar una o más obras, el cómo un Cabildo llega a cierta decisión, el compartir y difundir entre los sectores sociales el presupuesto antes de que sea aprobado por el Cabildo, de transparentar los criterios de porque se apoyan ciertos esfuerzos sociales (los afines al gobierno en turno) y porque otros no, entre otras muchas cosas.
Los costos políticos por transparentar un gobierno pueden ser elevados en un principio, pero como se dice por ahí “es preferible que te peguen por lo que es y no por lo que se presume que es, de cualquier forma te van a pegar”. Vamos mejor transparentando las cosas. Todos salimos ganando; el político mejora su calidad moral (y quizás obtiene votos) y los ciudadanos tenemos mejores gobiernos y por lo tanto mejor calidad de vida. ¿No lo creen?.
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