Es un hecho que en Coahuila se necesitan más Notarios (dado el crecimiento de la población) y de CIMARIS (para confinar los residuos peligrosos que todos generamos), sin embargo el procedimiento para otorgar los Fiats y la forma de abordar el centro de almacenamiento de residuos peligrosos estuvieron aderezados con prácticas del pasado. El problema son las formas y no los fondos.
Pero vamos por partes. El primer caso (Fiats) se trata de una acción ubicada totalmente en el campo de la ética política porque el campo legal esta cubierto; quienes recibieron su Fiat cumplieron con los vagos requisitos que marca la ley respectiva, pero la gran pregunta es ¿Hubieran recibido el Fiat el Alcalde De Torreón, los dos diputados locales, funcionarios públicos y parientes de funcionarios sino tuvieran estos cargos? La respuesta es no si se reflexiona sin pasiones, entonces ¿Porqué ocultar algo tan evidente con argumentos de que “cumplo con lo que dice la ley”, “Me lo merezco porque tengo experiencia y soy abogado”, “Hace años metí mi solicitud”?.
En una entrevista realizada por Felix Alegría al Gobernador sobre los Fiats, éste señaló que “Bajo la ley tienen derecho. No se vale tampoco excluir, no hubo favoritismo. Ahí van allegados y no allegados, hay de todo”. Lo preocupante de estas declaraciones del gobernador es que vea como natural algo que no es aprobado en cualquier democracia madura. En este tipo de democracias los ciudadanos le suelen perdonar a los políticos o funcionarios públicos todo, pero difícilmente se les perdona dos actos; a) que digan mentiras y b) que en el ejercicio de sus funciones públicas y/o políticas se aprovechen de su cargo para su beneficio personal. Y no importa que la ley lo permita. El Gobernador, y muchos otros también, consideran que la pluralidad política y el cumplir con la ley son sinónimos de democracia madura y no es así, tan solo son un par de componentes de entre muchos. Un componente que dejamos de lado es precisamente la ética pública y/o política.
Por otra parte, si el Gobernador desea equidad ¿Por qué no otorgar los Fiats de acuerdo al porcentaje que representan los abogados que son funcionarios públicos y políticos dentro del universo total de abogados solicitantes? Esa sí sería equidad y no la que pretende convencer, pero ni aun así el procedimiento sería éticamente correcto.
Ahora bien, si la ley permite este tipo de actos éticamente incorrectos también es cierto que permite todo lo contrario, o sea, entregar dichos Fiats a abogados civiles y sin parentesco con funcionarios o políticos ¿Porqué no hacerlo así en lugar de seguir la nociva tradición? Pudiendo haber sentado un buen precedente, el Gobernador decide enlodarse a unos cuantos días de dejar el cargo.
Con respecto a los panistas que aceptaron un Fiat siendo funcionarios públicos o representantes populares, me queda claro que mordieron el anzuelo que les lanzaron. La estrategia de distracción funcionó de maravilla y las baterías de los medios y líderes de opinión estaban enfocadas sobre ellos y no del resto, precisamente porqué se espera más de ellos como miembros de la oposición.
Por lo pronto la presión social ya hizo que el Alcalde de Torreón y un diputado local panista de La Laguna renunciaran a su Fiat y ahora será interesante ver que movimiento hace Abraham Cepeda (Secretario de Gobierno), Karla Samperio (diputada local panista), Miguel Mery (diputado local cuya esposa fue beneficiada), el jefe de seguridad del Gobernador y el resto de los beneficiados ¿Querrán cargar con el “Fiatgate” en sus espaldas el resto de sus vidas?
Considero firmemente que dada la incapacidad de algunos políticos para reconocer la frontera de la ética política/pública se agregué en la ley correspondiente una nueva fracción que diga algo como “aquellos que pretendan un Fiat no deberán ostentar un cargo público y no ser parientes directos de algún funcionario, diputado, gobernador o regidor”.
Pasemos al tema del CIMARI. Casi todos se niegan a los CIMARIS pero nadie propone una alternativa de solución a pesar del grave problema que significan los desechos peligrosos. Todos queremos un medio ambiente sano, pero nadie quiere tomar las decisiones importantes para que así sea. Como buenos coahuilenses preferimos no darnos cuenta del problema del tiraje clandestino de residuos, total en su momento lo enfrentaremos ¿Como resolver un problema si ni siquiera queremos reconocerlo?.
Los intentos del 96 y ahora el del 2005 estuvieron lejos de la transparencia y de la discusión pública que se requiere. Como suele suceder, la ciudadanía se entera casi al final de estos procesos y es aquí donde inicia el rechazo sobre algo necesario. En estos casos tan sensibles para la sociedad, queda claro que la ley no resuelve el problema, y su función se limita a servir de guía inicial, pero nada más.
El problema con este asunto no es del Alcalde de Ramos Arizpe, es de toda la comunidad del sureste y como tal debe ser abordado, haciendo cada quien su parte. El proceso para construir un CIMARI en Coahuila es una “papa caliente” que ningún político desea tomar pero ¿Es esta clase de políticos los que necesitamos para resolver los problemas?.
Tanto el Alcalde Saro, al señalar que se requiere un CIMARI, como el Regidor Flores Farías, al declarar que el proceso no ha sido el adecuado, tienen razón pero ahora lo importante es sentarse a negociar y poner sobre la mesa los requisitos que ponen los ejidatarios y los expertos para su instalación con el ofrecimiento que pueda hacer la compañía que desee operar un CIMARI.
Costara mucho crear un ambiente racional para abordar el tema en un futuro pero sin duda merece su discusión. Si al final de cuentas se decide que se haga un plebiscito para su instalación, este deberá realizarse una vez que haya fluido toda la información que se requiera, de lo contrario se esta condenando a la muerte un proyecto que se requiere urgentemente y eso tampoco es jugar limpio.
Las lecciones que debemos aprender en ambos casos es tomar decisiones con la ética y la razón por delante, enterrar los viejos vicios definitivamente sentando buenos precedentes y no apasionarse en el tema tan delicado del CIMARI, al menos que prefiera que esos residuos peligrosos sigan siendo arrojados en lugares no apropiados.
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