Localeando, 21 de Agosto de 2006
Jaime Villasana Dávila
En una época donde la clase política debería hacer el máximo esfuerzo por reconciliarse con la sociedad, sus integrantes siguen sin comprenderla al tomar decisiones o mostrar actitudes que van en sentido contrario del fortalecimiento de las instituciones. Menciono lo anterior porque en las últimas semanas, algunos priístas de Coahuila y panistas de Jalisco han realizado acciones que atentan contra la transparencia y las instituciones que la procuran.
Iniciando con el caso Coahuila y sin entrar en mucho detalle jurídico, tenemos que hace unos meses el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) puso una controversia constitucional ante el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila señalando grosso modo que el Ayuntamiento de Saltillo debía alinear su reglamento de transparencia a lo dictado por la ley estatal. Este reglamento había sido aprobado en los últimos días de la Administración 2003-2005 y que terminó el pasado 31 de diciembre.
Pasó el tiempo y el 9 de Agosto el Tribunal resolvió que el Ayuntamiento (ahora con nuevos regidores y Alcalde) debía reformar los artículos 36, 44 y 45. Con este acto, el reglamento se sujetaría a los estipulado por la ley y el asunto quedaría arreglado. Sin embargo, el Alcalde de Saltillo pensó (o le hicieron pensar) que había ganado el caso, mostrando ahora una actitud revanchista y de “primer defensor del municipalismo”, cuando con esta no hace más que revelar una errónea interpretación y un mal uso de la autonomía que otorga el 115 de la Constitución federal.
No contento con su “triunfo”, el Alcalde (del PRI) ha organizado una ofensiva mediática contra el ICAI, acusándolo de mentir sobre los motivos de la acción de inconstitucionalidad que presentó en contra del reglamento de transparencia, cuando el ICAI no buscaba invalidarle el derecho de legislar al Ayuntamiento (garantizado por el citado 115 constitucional), sino solo corregir un desfase jurídico entre ambas normas jurídicas.
Adicionalmente el Alcalde ha logrado incitar a los diputados locales de su partido para que analicen los sueldos de los consejeros del ICAI, algo autorizado por los diputados de la pasada legislatura, incluidos los del PRI. Lo triste del caso es que quien encabeza el movimiento es el diputado local José Luis Moreno Aguirre, un joven legislador de la nueva generación de priístas que pinta (o pintaba) para una destacada carrera. Preso quizás de su novatez, el Diputado Moreno señaló que será en la próxima sesión extraordinaria cuando presente una propuesta en el Congreso para reconsiderar los recursos que se asignan a los consejeros del ICAI.
De seguir en su proceder, el diputado Moreno mostrará igualmente una postura de revanchismo institucional que no procura el fortalecimiento del ICAI y que en cambio estimula una política de simulación para alcanzar falsas reivindicaciones ante la sociedad y un gasto absurdo de energía y tiempo para discutir algo que ya fue discutido en su momento. Por cierto, el sueldo neto de los Consejeros del ICAI es de $56,236.30. El del Alcalde es de $51,023.00 y el del Diputado es de $57,853 más 45 mil por apoyo parlamentario y de gestión, gastos que no comprueban.
La sugerencia para el diputado es que además de analizar el sueldo de los Consejeros del ICAI (que son solo tres), revisen de paso el suyo, eliminen los famosos bonos que se auto-otorgan y bajen el número de diputados, porque 35 son demasiados para una población estatal que no llega a 3 millones ¿No le parece diputado? ¿Por qué evadir los verdaderos problemas creando unos ficticios?.
El otro caso se refiere a lo acontecido en Jalisco, donde a mediados del mes de agosto cuatro coordinadores parlamentarios en el Congreso local pusieron a consideración del pleno una iniciativa de reforma a la ley de transparencia estatal. De la reforma propuesta, alentada por el gobierno estatal y abanderada por diputados locales del PAN, destacan dos potenciales ajustes; a) eliminar el delito de abuso de autoridad para los funcionarios que nieguen información y b) que sea el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) el que revise los fallos del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI). Además propone otorgar ¡fuero! a los consejeros del ITEI, como si no tuviéramos suficiente con el fuero de diputados (locales y federales) y senadores.
Desde su primer día de existencia pública, la propuesta (ahora conocida como “ley opaca”) ha sido criticada por todos los sectores de la sociedad. En un ejemplo de movimiento cívico, tanto el mismo ITEI como diversos organismos empresariales, civiles, privados y académicos organizaron reuniones de prensa y otras acciones para manifestar su total rechazo a la reforma y es que, de concretarse, sería una absolución para el gobernador jalisciense Francisco Ramírez Acuña quién se convirtió a finales del año pasado en el primer Mandatario estatal denunciado penalmente por negarse a entregar información pública. Si es sentenciado, el gobernador no podría ocupar un cargo en el eventual gabinete de Calderón.
Durante toda su administración Ramírez ha sido un negador de la transparencia. Ha ido a contracorriente de varios municipios jaliscienses que han realizado un gran esfuerzo por rendir cuentas, como son los casos de Guadalajara y Zapopan, ambos ubicados en el segundo y séptimo puesto, respectivamente, dentro del Ranking del Grupo CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes), pero lamentablemente siguen siendo los menos y como sociedad aún no hemos sabido reconocerles ruidosamente su trabajo a estos y muchos otros gobiernos con acciones similares.
Las actitudes mostradas por los personajes descritos en los párrafos anteriores son estimuladores de ese cáncer social que hace que nos ubiquemos en el vergonzoso lugar 65 dentro del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Solo ventilándolas, criticándolas y obviamente derrotándolas es como mejoraremos en este rubro. Nunca debemos olvidar que sin transparencia no hay democracia que se sustente y sino logramos consolidar este novel derecho por la información pública, difícilmente podremos arribar al siguiente estado de bienestar, dentro del interminable y muy complejo proceso de desarrollo de todo país.
Por lo pronto suerte al ICAI y al ITEI. Solo apoyándoles como sociedad es que derrotarán a esta ofensiva jurídico-política en su contra. http://localeando.tripod.com/
Jaime Villasana Dávila
En una época donde la clase política debería hacer el máximo esfuerzo por reconciliarse con la sociedad, sus integrantes siguen sin comprenderla al tomar decisiones o mostrar actitudes que van en sentido contrario del fortalecimiento de las instituciones. Menciono lo anterior porque en las últimas semanas, algunos priístas de Coahuila y panistas de Jalisco han realizado acciones que atentan contra la transparencia y las instituciones que la procuran.
Iniciando con el caso Coahuila y sin entrar en mucho detalle jurídico, tenemos que hace unos meses el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) puso una controversia constitucional ante el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila señalando grosso modo que el Ayuntamiento de Saltillo debía alinear su reglamento de transparencia a lo dictado por la ley estatal. Este reglamento había sido aprobado en los últimos días de la Administración 2003-2005 y que terminó el pasado 31 de diciembre.
Pasó el tiempo y el 9 de Agosto el Tribunal resolvió que el Ayuntamiento (ahora con nuevos regidores y Alcalde) debía reformar los artículos 36, 44 y 45. Con este acto, el reglamento se sujetaría a los estipulado por la ley y el asunto quedaría arreglado. Sin embargo, el Alcalde de Saltillo pensó (o le hicieron pensar) que había ganado el caso, mostrando ahora una actitud revanchista y de “primer defensor del municipalismo”, cuando con esta no hace más que revelar una errónea interpretación y un mal uso de la autonomía que otorga el 115 de la Constitución federal.
No contento con su “triunfo”, el Alcalde (del PRI) ha organizado una ofensiva mediática contra el ICAI, acusándolo de mentir sobre los motivos de la acción de inconstitucionalidad que presentó en contra del reglamento de transparencia, cuando el ICAI no buscaba invalidarle el derecho de legislar al Ayuntamiento (garantizado por el citado 115 constitucional), sino solo corregir un desfase jurídico entre ambas normas jurídicas.
Adicionalmente el Alcalde ha logrado incitar a los diputados locales de su partido para que analicen los sueldos de los consejeros del ICAI, algo autorizado por los diputados de la pasada legislatura, incluidos los del PRI. Lo triste del caso es que quien encabeza el movimiento es el diputado local José Luis Moreno Aguirre, un joven legislador de la nueva generación de priístas que pinta (o pintaba) para una destacada carrera. Preso quizás de su novatez, el Diputado Moreno señaló que será en la próxima sesión extraordinaria cuando presente una propuesta en el Congreso para reconsiderar los recursos que se asignan a los consejeros del ICAI.
De seguir en su proceder, el diputado Moreno mostrará igualmente una postura de revanchismo institucional que no procura el fortalecimiento del ICAI y que en cambio estimula una política de simulación para alcanzar falsas reivindicaciones ante la sociedad y un gasto absurdo de energía y tiempo para discutir algo que ya fue discutido en su momento. Por cierto, el sueldo neto de los Consejeros del ICAI es de $56,236.30. El del Alcalde es de $51,023.00 y el del Diputado es de $57,853 más 45 mil por apoyo parlamentario y de gestión, gastos que no comprueban.
La sugerencia para el diputado es que además de analizar el sueldo de los Consejeros del ICAI (que son solo tres), revisen de paso el suyo, eliminen los famosos bonos que se auto-otorgan y bajen el número de diputados, porque 35 son demasiados para una población estatal que no llega a 3 millones ¿No le parece diputado? ¿Por qué evadir los verdaderos problemas creando unos ficticios?.
El otro caso se refiere a lo acontecido en Jalisco, donde a mediados del mes de agosto cuatro coordinadores parlamentarios en el Congreso local pusieron a consideración del pleno una iniciativa de reforma a la ley de transparencia estatal. De la reforma propuesta, alentada por el gobierno estatal y abanderada por diputados locales del PAN, destacan dos potenciales ajustes; a) eliminar el delito de abuso de autoridad para los funcionarios que nieguen información y b) que sea el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) el que revise los fallos del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI). Además propone otorgar ¡fuero! a los consejeros del ITEI, como si no tuviéramos suficiente con el fuero de diputados (locales y federales) y senadores.
Desde su primer día de existencia pública, la propuesta (ahora conocida como “ley opaca”) ha sido criticada por todos los sectores de la sociedad. En un ejemplo de movimiento cívico, tanto el mismo ITEI como diversos organismos empresariales, civiles, privados y académicos organizaron reuniones de prensa y otras acciones para manifestar su total rechazo a la reforma y es que, de concretarse, sería una absolución para el gobernador jalisciense Francisco Ramírez Acuña quién se convirtió a finales del año pasado en el primer Mandatario estatal denunciado penalmente por negarse a entregar información pública. Si es sentenciado, el gobernador no podría ocupar un cargo en el eventual gabinete de Calderón.
Durante toda su administración Ramírez ha sido un negador de la transparencia. Ha ido a contracorriente de varios municipios jaliscienses que han realizado un gran esfuerzo por rendir cuentas, como son los casos de Guadalajara y Zapopan, ambos ubicados en el segundo y séptimo puesto, respectivamente, dentro del Ranking del Grupo CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes), pero lamentablemente siguen siendo los menos y como sociedad aún no hemos sabido reconocerles ruidosamente su trabajo a estos y muchos otros gobiernos con acciones similares.
Las actitudes mostradas por los personajes descritos en los párrafos anteriores son estimuladores de ese cáncer social que hace que nos ubiquemos en el vergonzoso lugar 65 dentro del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Solo ventilándolas, criticándolas y obviamente derrotándolas es como mejoraremos en este rubro. Nunca debemos olvidar que sin transparencia no hay democracia que se sustente y sino logramos consolidar este novel derecho por la información pública, difícilmente podremos arribar al siguiente estado de bienestar, dentro del interminable y muy complejo proceso de desarrollo de todo país.
Por lo pronto suerte al ICAI y al ITEI. Solo apoyándoles como sociedad es que derrotarán a esta ofensiva jurídico-política en su contra. http://localeando.tripod.com/
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