Artículo Localeando, 18 de Agosto de 2011
Jaime Villasana Dávila
En mi columna del 30 de diciembre pasado comenté, a propósito de un artículo publicado por The New York Times (NYT) sobre las enormes deudas en estados, ciudades y condados de USA, la urgente necesidad de precisar la legislación en el Congreso federal y estatales sobre el tema de deudas para estados y municipios.
El tema en USA de bancarrotas de estados y gobiernos locales sigue ganando momento pues el corto plazo sigue luciendo desafiante. NYT ha continuado con el seguimiento al tema. Recientemente publicó dos excelentes artículos (A Path Is Sought for States to Escape Their Debt Burdens del 200111, y Where Budget Gaps, and People, Are Few del 220111) donde amplía su análisis del tema.
Bajo las reglas actuales los estados no pueden declararse en bancarrota (condados y ciudades sí), impidiéndoles los beneficios que ofrece. Además 44 de 50 estados reportan un déficit fiscal para 2012; Illinois y Nevada de ¡más de 40%!. No obstante tales números, expertos afirman que está lejos un escenario de bancarrota en algún estado pero por si acaso algunos congresistas ya analizan el tema.
Y si la causa principal de tales déficits en USA son las pensiones, en México es el malgasto y descontrol financiero. Nuestro problema de pensiones en estados y municipios es delicado pero no alarmante por dos razones; a) son contados los municipios que lo tienen (lo que está mal) y b) la alta rotación de personal en el servicio público impide generar antigüedad laboral.
El desmoronamiento del Presidencialismo luego del 2000 trajo beneficios pero también perjuicios. En el tema fiscal un beneficio fue mayores recursos a estados y municipios. Un perjuicio es la indisciplina fiscal solapada por gobernadores, alcaldes y Congresos locales, muchos guiados por los votos en lugar de la institucionalidad fiscal.
La indisciplina fiscal es ya alarmante. Según la SHCP de diciembre 2008 a junio del 2010, la deuda pública de los estados creció 33% al pasar de 203 mil millones a casi 270 mil millones de pesos. Esto sin contar deuda a corto plazo.
Los casos son patéticos. En NL se pasó de un gasto autorizado por el Congreso local de aprox. 160 millones de pesos para comunicación social del gobierno estatal a más de 600 millones. Cientos de municipios viven de “respiración artificial”. Administramos el problema fiscal pero no lo resolvemos.
Debe legislarse nacional y estatalmente por un marco regulatorio más estricto para las deudas y definir el procedimiento y mecanismos a aplicar cuando un estado/municipio se declare en bancarrota (prohibiendo los cheques en blanco). Hoy no sabemos qué pasaría si eso aconteciera.
Si nos esperamos para luego del 2012 quizás sea ya muy tarde.
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