Artículo Localeando, 18 de Agosto de 2011
Jaime Villasana Dávila
En los últimos días se ha armado un buen show político-mediático sobre las deudas estatales y eso es positivo. Un punto malo es que mi estado (Coahuila) está al centro de dicho show pues tenemos la deuda más alta por habitante.
Pero dejando al terruño de lado vale decir que el tema es complejo pero muy solucionable. Hoy es un problema más político que económico, aunque puede ser ambos si no se atiende a la brevedad el malgasto, la opacidad y el descontrol financiero. Estamos a tiempo de corregir.
El PAN tiene razón al afirmar que los estados y municipios han recibido carretadas de dinero desde que el gobierno zedillista reinició el proceso de descentralización fiscal (Ramo 33 por ejemplo). Y para ilustrarlo acudo a Juan E. Pardinas, director del IMCO, quien publicó que la suma de todas las transferencias a los estados entre 2006 y 2008, fueron un 33% más alto que el monto del plan Plan Marshall (1948-51) con el cual se reconstruyó Europa (Reforma, 111009).
Como bien se pregunta Pardinas ¿en qué se gastó todo ese dinero si obviamente estamos peor que Europa? La respuesta la sabemos todos; asesores, campañas de imagen, pagos a lideresas, programas partidistas, corruptelas, etc. Los gobernadores se defienden diciendo “las obras hablan” y deudas son por falta de apoyo federal. Bla, bla, bla.
Sin embargo PRI también tiene razón cuando insiste que el centralismo sigue presente. Ahora bien, el pasado eso es y hay que mirar al futuro sin, obviamente, dejar de castigar a quien se tenga que castigar. De aquí que atacar las causas es clave.
Y las causas las sabemos todos. Para mí dos principales; a) un federalismo fiscal (y político) mediocre que todos critican pero que nadie quiere cambiar, principalmente los gobernadores pues solo estiran la mano y no cobran impuestos, y b) un profundo desbalance de poder en estados (Congresos estatales ¿existen?), urgiendo por lo tanto reformas políticas locales.
Algunos dirán que una causa es también lo legal, es decir, faltan más leyes para fomentar transparencia, castigar opacidad y establecer límites de gasto (en comunicación social, etc.). Pero resulta que ya tenemos un marco legal decente mejorable. Nadie lo respeta pues diputados locales, federales y jueces locales se hacen guajes y negocian culpas.
Allá por 2004 se llevó a cabo la Convención Nacional Hacendaria. Los políticos juraron y perjuraron que a partir de la misma se reformaría el pacto fiscal. Nada pasó.
Hoy se abre otra oportunidad. PRI, PAN y PRD deben poner voluntad política para cambiar el estatus quo fiscal que al país no conviene y a todos perjudica. Ya se verá si fue mucho el ruido y pocas las nueces (como en 2004).
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