Localeando, El Diario de Coahuila, 6 de enero 2003
En
la primera parte de este artículo platicamos un poco del origen de la hacienda
municipal, cuando el constituyente de 1917 plasmó en el 115 constitucional lo
relativo a los dineros locales. Posteriormente analizamos brevemente las
modificaciones a dicho artículo y que fueron realizadas en 1983 y en 1999.
Finalmente comentamos los ajustes realizados por el gobierno federal en 1998 y
que consistió con la creación del Ramo 33 así como de otras disposiciones al
sistema de coordinación fiscal.
En esta 2ª. parte analizaremos el sentir de los que viven
día con día el reto de hacer funcionar de una manera eficiente y funcional a la
hacienda municipal para que esta genere los recursos necesarios para satisfacer
las demandas más básicas de la población.
En el Segundo Encuentro Nacional de Municipios 2002,
celebrado el mes de octubre del año pasado en Monterrey N.L., las exigencias de
los representantes de las tres asociaciones municipales del país giraron en
torno a diversos señalamientos como: eliminación de las “etiquetas” a los
recursos transferidos, incremento gradual del 20 al 25 por ciento de
participaciones del Fondo General Participable, creación de fondos para la
generación de ingresos, creación del fondo de aportaciones para el desarrollo
de municipios con alta captación migratoria y el fondo de aportaciones para el
desarrollo de los municipios metropolitanos.
La razón de los reclamos municipalistas pudiera bien
resumirse en lo señalado por uno de los presidentes de una de las asociaciones
municipales; "Somos el orden de
Gobierno víctima de todos los centralismos, los cacicazgos y los rezagos de
nuestra cultura política y de la administración pública".
Sin duda una frase que dá para desgajarla y que pone sobre la mesa
el posible fortalecimiento centralista en los Estados (ya no en la Federación)
y que pudiera ser como consecuencia de una mayor asignación de facultades y
atribuciones fiscales a estos. En otras palabras, del centralismo federal
pasaríamos a un centralismos estatal. De aquí la importancia de incorporar al
municipio a la mesa de las discusiones del federalismo hacendario.
Flavio Lazos y Juan Pablo Guerrero
señalan en su ensayo “Municipio y reforma del Sistema Nacional de Coordinación
Hacendaria” que desde el punto de vista
cualitativo, existen modificaciones de
gran trascendencia que pueden convertirse de inmediato en ofertas muy
atractivas de la federación hacia los gobiernos estatales: la transparencia y
la coordinación entre agencias federales que lleva a cabo acciones a nivel
territorial, lo cual debe ser un punto central de cualquier reforma fiscal
federal. En cuanto al primer punto, la
transparencia tiene dos componentes esenciales: a) la claridad en el proceso de
las políticas gubernamentales y b) la claridad en al asignación de la
responsabilidad de las acciones gubernamentales.
En el mismo documento añaden que la
claridad en el proceso implica que la federación debe dejar claro lo siguiente:
los objetivos buscados (resultados esperados) con la acción gubernamental; los
mecanismos y lógicas de asignación de los recursos; los recursos
humanos y administrativos usados (ejecutores); los recursos presupuestales
utilizados en el presente y comprometidos en el futuro; las fases de la acción
y su duración y las referencias de evaluación de la acción pública.
Desde mi perspectiva considero que la transparencia en
los procesos y la claridad en la asignación de responsabilidad de las acciones
de gobierno es el primer paso para pasar a metas cuantitativas (transferencias
de facultades y de recursos a estados y municipios), aspectos hoy en día
cargados de gran opacidad, ya que con ello se romperían las barreras de la
desconfianza y el oscurantismo, mismos que impiden establecer una verdadera
relación de confianza entre los ordenes de gobierno.
Al romper este círculo vicioso, la información fluiría
de manera mas dinámica y la comunicación sería franca y abierta, dando
posibilidades de que se lleven a cabo negociaciones con lo que esta sobre la
mesa y no sobre bajo de ella, como actualmente sucede. En otras palabras;
primero hay que transparentar lo que se tiene, es decir la actual realidad de
la coordinación fiscal en todas sus etapas y procesos, para después poder
negociar y construir sobre ello.
Pero pasemos a la otra parte
de la cancha gubernamental: el gobierno local. Si bien las exigencias de las
autoridades municipales y de los municipalistas son totalmente válidas, basados
en principios federalistas y en tendencias mundiales de descentralización,
también es cierto que el orden de gobierno municipal enfrenta tremendas áreas
de oportunidad para eficientar la recaudación de aquellos impuestos locales a
los que legalmente tiene derecho.
Haciendo referencia
nuevamente al Segundo Encuentro Nacional de Municipios 2002, uno
de los presidentes de una de las asociaciones exhortó a sus colegas a no sólo
estirar la mano, sino a concretar una reforma administrativa que eleve la
eficiencia en la recaudación de ingresos propios. Y es que en México el cobro
del Impuesto Predial representa solo el 0.2 por ciento del PIB, mientras que en
Latinoamérica el promedio es del 0.8 por ciento, en países de Europa el 2 por
ciento y en los Estados Unidos el 4 por ciento.
Aunque los dirigentes de las
asociaciones municipales reconocen dicho rezago y en algunos municipios
realizan esfuerzos tradicionales (dar descuentos por prontos pagos) o modernos
(pagos por Internet) con la finalidad de atraer a los contribuyentes a cumplir
con los pagos, el dato duro que señalan las autoridades federales, debe ser
atendido mediante la implementación de acciones específicas para abatir dicho
rezago, no solo en el predial sino en todos los otros rubros que conforman los
ingresos propios.
Continuará la 3ª. y última parte...
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