El Diario de Coahuila, 5 de octubre 2003
En
los últimos tres años hemos observado con frecuencia en los medios de
comunicación declaraciones de políticos y otros actores sociales sobre la
necesidad de darle una nueva dimensión al Estado mexicano. La dinámica de
interrelación actual que se presenta tanto entre órdenes de gobierno como al
interior de ellos (de poder a poder), hace que sus potencialidades se vean
mermadas operativa, administrativa y jurídicamente.
Si a este obstáculo le sumamos el alto (yo diría excesivo)
nivel de política que prevalece en la toma de decisiones y la voluntad confusa
que existe entre los partidos por avanzar en este sentido, tenemos entonces que
el país es como un carruaje atorado en un lodazal: se avanza pero con mucho
esfuerzo y a grandes costos.
Los
estudiosos de la materia han dedicado horas de trabajo y litros de tinta para
diseñar el nuevo mapa facultativo de los tres órdenes de gobierno, pero me
parece que en lo que respecta al municipio, los ajustes siguen quedándose
cortos. Y no me refiero a la clara definición de facultades y competencias ya
que considero que en este rubro se avanza innovadoramente (esperemos que los
políticos hagan lo propio cuando su turno inicie), me refiero a la conformación
de la estructura institucional municipal que ejecutará dichas facultades y
competencias.
Como
lo he mencionado en anteriores artículos, hoy en día el gobierno federal y
estatal tienen un pasable equilibrio de poderes (más el primero que el segundo,
pero al menos éste posee los métodos adecuados para que se dé al mismo nivel
que en el federal), cosa que no sucede en el orden del gobierno municipal, ya
que el Presidente Municipal cuenta con mayoría absoluta de facto en el
Ayuntamiento.
Dado
lo anterior, ¿las nuevas atribuciones, competencias y facultades que se le
otorguen al municipio, como consecuencia de la reforma del Estado, serán
aprovechadas a su máximo bajo la conformación mayoritaria, no por decreto
popular, del Ayuntamiento por un partido? ¿Existirá bajo este sistema electoral
municipal la suficiente armonía y madurez institucional para que el municipio
camine con pasos firmes por el siglo XXI bajo las nuevas reglas de juego?
Por
otra parte, ¿qué pasará con los supuestos mayores ingresos que tendrán los
municipios como resultado de una deseable exitosa Convención Nacional
Hacendaria? ¿Podrán los Regidores del partido mayoritario exigirle una
verdadera rendición de cuentas y una actuación transparente al Presidente
Municipal de su MISMO partido? ¿Podrá la minoría en el Ayuntamiento, bajo el
actual sistema electoral, apuntalar con suficiente fuerza sus válidos puntos de
vista sobre el desarrollo que requiere el municipio?
La
Secretaría de Gobernación recién elaboró un diagnóstico para negociar con los
gobernadores la Reforma del Estado y dentro de este ejercicio se identificaron
las fortalezas y debilidades en las autoridades locales. Por el lado de las
fortalezas tenemos: avances significativos en la reforma al artículo 115
constitucional, consolidación del municipio como gobierno, consolidación de la
facultad reglamentaria, ampliación de las facultades coincidentes en lo
relativo a la planeación del desarrollo urbano, creación de la Conferencia
Nacional del Municipio Mexicano (CONAMM), fortalecimiento de los ingresos
municipales a raíz de la creación del Ramo 33, entre otros.
Entre las debilidades están: la falta de continuidad de
funcionarios y personal operativo municipales, y de las políticas derivadas de
los cambios de gobierno, contrastantes condiciones entre los municipios para
asumir la mayoría de las competencias que les otorga la Constitución,
facultades legales limitadas de los municipios para determinar sus ingresos
propios, bajo nivel de recaudación del impuesto predial, entre otros.
Desmenuzando
las debilidades de este diagnóstico pude comprobar que el sistema electoral
municipal no entra en el pool de aspectos a analizar en la Reforma del
Estado. Y lo que es peor, tampoco aparece dentro de los pliegos de propuesta de
la CONAGO y mucho menos de la CONAMM. Ambos solicitan, en lo esencial,
facultades que se traducirán en mayores recursos pero no van más allá debido a
que sus peticiones parten de los respectivos ejecutivos (que sólo duran unos
años en sus cargos), ignorando las opiniones
de los expertos municipalistas y de ciertos sectores sociales (que son
ciudadanos de por vida).
En
otras palabras, tenemos que para los tres órdenes de gobierno este aspecto no
es de importancia aún y cuando la deficiencia del municipio mexicano se debe en
una buena medida a la falta de un fortalecimiento institucional, no sólo en lo
económico como muchos creen que lo es todo, sino también en su conformación y
elección. Para decirlo de otra manera: no les importa que, a nivel municipal,
NO haya un equilibrio de poderes en el Ayuntamiento, cuando durante años, sino
es que décadas, los mismos actores reclamaban un equilibrio de poderes en los
órdenes federal y estatal. ¿No es ésta una verdadera incongruencia? ¿Por qué
ante tanta evidencia hay oídos que se niegan a escuchar los perjuicios de esta
desventaja institucional? ¿Por qué esta reforma electoral municipal no es
considerada por las legislaciones estatales para al menos ser estudiada?
La reforma del Estado es un movimiento que no puede
retrasarse por más tiempo. Lamentablemente, entre las propuestas a discutirse
para lograr un nuevo rediseño estadual no se contempla la cimentación de un
equilibrio de poderes en los Ayuntamientos mexicanos. Los efectos de lo
anterior son por todos conocidos: nula rendición de cuentas de los Regidores,
mayoriteo en las Sesiones de Cabildo en la toma de decisiones, presidencialismo
sin límites, centralismo decisorio en la figura del Presidente Municipal,
simulación en la generación de políticas públicas locales, Regidores fieles a
los partidos y no al ciudadano y muchos más. ¿Hasta cuándo durará esta
incongruencia política? ¿Habrá una luz en este sentido?
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