Artículo Localeando, El Diario de Coahuila, 7 de noviembre 2004
América
Latina lleva al menos dos décadas tratando incansablemente de ubicar los
mejores elementos políticos, jurídicos, sociales y económicos que le permitan
adecuar el rumbo para generar sociedades armónicas. Durante diferentes momentos
los dos actores principales, gobierno y sociedad, han batallado para encontrar
los lugares idóneos para cumplir su rol.
Una
vista retrospectiva en el tiempo nos muestra como en la década de los 80’s la
sociedad comenzaba a desatar los fuertes lazos de control que los gobiernos de
la región mantenían sobre sus gobernados. Uno a uno los gobiernos militares,
autoritarios y dictaduras fueron derrumbándose para dar paso a uno democrático
pero escaso de experiencia. El papel de la escasa ciudadanía organizada
consistía principalmente en la lucha por las libertades políticas. El férreo
centralismo en la zona inhibía el desarrollo de cualquier manifestación local.
Los
90’s por su parte nos muestra como los gobiernos, tratando de aprovechar una
globalización que se hacia cada día más evidente, emprenden reformas económicas
muy apegadas a las leyes del mercado. La sociedad por su parte luchaba por
perfeccionar la aún endeble y nueva libertad política alcanzada e iba
colocando, a veces a contracorriente de los deseos gubernamentales, ladrillos
democráticos que más tarde se convertirían en columnas de la democracia. Era el
tiempo también del nacimiento de numerosas organizaciones ciudadanas que
luchaban por mayores libertades civiles y el respeto de los derechos humanos.
El
inicio del siglo XXI nos muestra ahora que el mantenimiento y perfeccionamiento
de las sociedades (incluyendo sus gobiernos) es mucho más complejo. Conforme
estas evolucionan, nuevos factores disciplinarios (económicos, sociales,
políticos, etcétera) se hacen presentes y las influencias se distribuyen a
través de una serie de vasos comunicantes. También hacen uso de presencia
nuevos conceptos, como el de la gobernanza , que invita a una responsabilidad
compartida del ejercicio del gobierno, es decir, donde las organizaciones de la
sociedad civil y el sector privado tienen roles que jugar.
Sobre
esto último y para tener mayores elementos de comprensión, la Conferencia Mundial
sobre Gobernanza “Del Gobierno a la Gobernanza; Hacia el siglo XXI”, realizada
en 1999 y organizada por el PNUD, propuso “reexaminar la idea convencional de
que la gobernanza es el campo exclusivo del gobierno” y “fomentar la
reformulación que indica que la gobernanza incluye a todos los organismos del
Estado, la sociedad civil y el sector privado”.
La
importancia de lo anterior radica en el hecho de que la participación de los
actores ajenos al gobierno debe darse sin regateo, lo que implica hacer un sacrificio
mayor en aras de llegar a la gobernanza. Ya no basta solamente con participar
en la integración de consejos ciudadanos (que muchos de ellos presentan
desafíos de operación y composición enormes) o mantener buenas relaciones con
el gobierno, ahora hay que adentrarse en la operación y diseño institucional
del aparato gubernamental.
A
inicios del siglo XXI las organizaciones civiles consolidan su presencia en
diferentes rubros (altruismo, derechos humanos, equidad de género, política,
electoral, seguimiento a gobiernos nacionales y regionales, desarrollo de
proyectos productivos, entre otros) pero se niegan a descubrir nuevos
horizontes o nichos en los cuales también se puede incidir (nichos de
incidencia) y me refiero a los relacionados con el reordenamiento, operación y
consolidación de las instituciones gubernamentales del ámbito local. En otras
palabras, hacer efectiva la gobernanza a nivel local.
Las
formas para abordar este nicho aun virgen son diversas, es más, pudieran
agruparse en; a) frontales (aquellas que exigen y solicitan acciones desde
afuera de las instituciones, es decir se trata de una incidencia externa) y b)
acompañadas (aquellas que trabajan junto a las instituciones, es decir
incidencias internas o suaves, dado que acompañan en el proceso).
El
trabajo vinculado entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno
local para reconstruir la estructura y operación gubernamental del mismo
gobierno local (valga la redundancia), puede realizarse de forma frontal o bien
acompañada (ambas con ventajas y desventajas) pero desde mi punto de vista el
inicio debe ser utilizando la segunda forma (acompañada). El beneficio de la
duda al gobierno local debe prevalecer para no polarizar posiciones entre ambos
actores.
Precisamente
en lo anterior es donde se genera el punto de quiebre y es donde se ubica el
nuevo nicho de incidencia ciudadana; enfrentar de forma “acompañada” con las
autoridades locales problemas y retos puntuales que padece el gobierno local
tales como transparencia, revisión y rendición de cuentas, perfiles de
funcionarios de primer nivel, profesionalización de niveles medios e
inferiores, asuntos ambientales, presupuestación, diseño institucional,
medición del desempeño, entre otros, y que hoy están “secuestrados” por el
mismo gobierno.
Hasta
el momento este nicho de incidencia local ha sido “atacado” por organizaciones
privadas con fines de lucro que, al asesorar a los gobiernos, dan como
resultado soluciones “privadas”, es decir, solo se conocen por ambas partes
pero cuyos efectos impactan a la sociedad en su conjunto ¿Cuántos resultados de
auditorias internas a los gobiernos locales en México se hacen públicos en
primera instancia por diseño de sistema? Prácticamente ninguno. Se hacen del
conocimiento publico cuando la presión social es inaguantable.
Otra
pregunta al respecto ¿Cuántos Comisiones de Hacienda de los Cabildos mexicanos
deliberan de cara a la sociedad?, ¿Qué rol
juega la ciudadanía en la definición de perfiles (no de personas) para
los funcionarios de primer nivel del gobierno municipal?, ¿Cómo es el desempeño
del gobierno en tal función? o ¿Cuánto cuesta el proveer a la ciudadanía de un
determinado servicio?
Como
estas preguntas hay muchas más que escasean de respuestas, pero sin duda pronto
las encontraremos dada la evolución que presenta la participación ciudadana y
la aplicación del concepto de la gobernanza.
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