Jaime Villasana Dávila
Artículo Localeando, 4 de septiembre de 2005
En semanas
anteriores comenté en esta columna lo que acontecía en el Instituto Nacional
para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) respecto al nombramiento de
su nueva directora general Gloria Muñoz de Sheridan, cuyo puesto anterior era coordinadora
de vinculación municipal de la secretaria particular de la Presidencia de la
Republica.
Indiqué que
su nombramiento directo por parte del Secretario de Gobernación, Carlos Abascal
Carranza, muy probablemente contradecía las disposiciones que señalaba la Ley
del Servicio Profesional de Carrera (SPC) en el Gobierno federal,
específicamente el artículo 5 que establece que los puestos sujetos al SPC son
los niveles siguientes: Director General, Director General Adjunto, Director de
Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento y Enlace.
Pues bien, recientemente
la Secretaría de Gobernación consumó su simulación y para poder “darle la
vuelta” a esta disposición del SPC modificó un artículo de su reglamento
interno al indicar que el titular del INAFED tendrá ahora un cargo de
Coordinador General (ya no un director general) lo cual les permite que sea
nombrado directamente por el Secretario de esa dependencia, es decir por Carlos
Abascal.
El anterior
movimiento no es más que la confirmación, primero, de una violación de una ley
federal al nombrar públicamente a un director general sin que antes no haya
existido una atribución para hacerlo. Es decir nombraron públicamente a un
director general (lo anunciaron varios medios de comunicación e incluso hay un
boletín de prensa de la misma Segob) y luego publicaron la modificación a un
reglamento interno con la finalidad de evadir la aplicación de la ley del SPC.
Segundo; el
gobierno federal lleva a cabo una simulación respecto a la promoción y
aplicación del SPC y deja en una difícil posición a la Secretaría de la Función
Pública (SFP), responsable de implementarlo dentro del gobierno federal
(artículo 2 de la Ley del SPC). El hecho representa sin duda una buena prueba para
ésta secretaría y ya veremos que papel juega en este proceso que apenas inicia.
El Centro
Nacional para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), después transformado en el
INAFED allá por 2002, fue creado a raíz de las reformas al artículo 115 de la
Constitución federal realizadas en la década de los ochentas. Su objetivo
inicial era el fortalecimiento institucional de los municipios mexicanos.
A partir del
2000, y bajo batuta del nuevo gobierno federal, se convirtió en uno de los principales
promotores del federalismo y del SPC. Para apuntalar este último tema
organizaba importantes foros siendo el más conocido el Foro de Profesionalización de los Funcionarios Públicos. A estos
espacios de discusión y análisis acudían funcionarios públicos (federales,
estatales y municipales) así como también académicos, investigadores, representantes
de organismos civiles y agencias internacionales. Yo mismo asistí a un par de
ellos.
A tres años
de su transformación, después de construir numerosas expectativas y ser un
protagonista en donde participaba (también organizó importantes eventos a nivel
internacional como la RIAD, una especie de foro internacional para la
descentralización y el federalismo), el INAFED fue incapaz de apuntalar el
federalismo en el país y ahora queda totalmente desacreditado respecto al SPC.
Sus dos
primeros directores bajo el nuevo gobierno (Carlos Gadsden y posteriormente
Felipe de Jesús Cantú) mal gastaron el capital institucional del INAFED. Hoy
con el nombramiento de su “coordinadora general” la situación lo hace francamente
insostenible.
El INAFED no
es más que un órgano público enfermo en estado agónico donde algunos gremios,
como las asociaciones de municipios, desean su eliminación al proponer la
creación de uno nuevo. El gobierno federal no tiene más un discurso que ofrecer
ante los gobiernos estatales y federales y lo que diga en este y otros temas
estará cargado de demagogia y retórica pura.
Ante estos
hechos me pregunto ¿Con qué cara ahora el INAFED, y el gobierno federal en su
conjunto, promoverán el SPC ante los gobiernos estatales y municipales? ¿Qué
acciones tomará la SFP, responsable de la implementación del SPC? ¿Omitirá la
SFP hacer al menos señalamientos públicos respecto de este caso o simplemente
será cómplice de esta simulación? ¿Qué harán todos aquellos que invirtieron dinero,
tiempo y esfuerzo para hacer del SPC un ancla de la profesionalización de los
servidores públicos mexicanos?
El caso puede
llevar a importantes acciones de denuncia por parte de gobiernos federales y
municipales y otros organismos civiles y académicos si es que deciden señalar
el punto. Es más, varios gobiernos extranjeros pudieran hacer una queja
diplomática ya que a través de sus agencias de cooperación internacional
aportaron dinero para que el SPC fuera implementado en México. Dos de estos
gobiernos fueron los Estados Unidos y Francia, cuyos logotipos de sus agencias
aparecían en muchos de los eventos realizados por el INAFED, principalmente en
aquellos que tenían relación con el SPC.
En lo
personal me tiene muy indignado lo que acontece en el INAFED y ahora este hecho
representa una vez más el doble discurso del gobierno federal en muchas áreas. Los
panistas, los que están en la SEGOB y muchos otros más, resultaron ser igual que
muchos del PRI al considerar que el gobierno les pertenece porque actualmente
lo dirigen.
Y lo que es
más grave; este hecho sienta ahora un precedente más para el gobierno que
nacerá en 2006 y coloca nuevamente los elementos necesarios para que la discrecionalidad
se apodere del nombramiento de algunos titulares de dependencias que estaban
protegidos por la ley del SPC. Finalmente, imagino el ambiente laboral en esa
dependencia que de por sí ya venía siendo de pesadumbre debido a la actuación
que ha estado viviendo en sus últimos años.
El INAFED
pudo y no quiso ser un actor importante dentro del proceso del federalismo mexicano
y dentro del proceso de implementación del SPC. Con el ejemplo pudo predicar y
no lo hizo, al contrario ahora les dio armas a aquellos funcionarios estatales
y municipales para hacer del por sí cuestionado servicio profesional de carrera
una herramienta vulnerable, limitada y reforzada
de simulación. ¡Vaya cambio!.
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