Artículo Localeando, 18 de Noviembre de 2010
Jaime Villasana Dávila
El Editorial del periódico Vanguardia del pasado 13 de noviembre fue contundente al confirmar la inseguridad que vive Saltillo. Aquí algunas líneas; “Hasta ahora, los embates de la violencia han sido comunicados por esta casa editora oportunamente en nuestras distintas plataformas informativas…Desafortunadamente a partir de los últimos días no hay las condiciones de seguridad necesarias para un ejercicio libre y profesional del periodismo”.
El Editorial remataba; “Trabajar bajo las sombras de la amenaza a nuestro cuerpo editorial es una condición más de los días de hoy, que nos obliga en ocasiones a dejar fuera alguna información. Confiamos en la llegada de mejores tiempos para todos nosotros”.
Esta publicación fue algo insólito en la historia de nuestra ciudad y resalto la frase “inseguridad confirmada” pues hasta el momento los saltillenses habíamos vivido de la rumorología sobre este tema, alimentada por la opacidad del gobierno estatal. Pero los casos violentos son cada vez más graves y frecuentes. Imposibles de ocultar.
Saltillo era el último rincón del estado con relativa calma. La inseguridad ahora es real y se percibe todos los días. Son innumerables los cuentos, casos e historietas que escuchamos y contamos en restaurantes, clubes nocturnos, clubes sociales y carnes asadas.
El tema ya nos domina. La pax saltillense, al parecer negociada quien sabe bajo que términos y con qué actores, parece estar amenazada de muerte. Las realidades de Torreón y Monterrey se asoman a Saltillo.
¿Pero qué puede hacer el gobierno estatal al respecto, responsable en primera instancia de estos temas hasta que no se confirme que son generados por el crimen organizado? En primera instancia, hablarnos con la verdad. Sería un error táctico y estratégico no hacerlo. Más cuando el gobernador intenta cerrar un buen sexenio y aspirar a un cargo de cobertura nacional.
¿Y si el crimen organizado está envuelto, como así aparenta ser? Además de ya no repetir el discurso de que “los mandos policiales están ocupados por ex –militares”, llevar a cabo una verdadera limpia en los órganos policiales, lo cual si está bajo control del gobierno estatal.
Otra acción es urgir las certificaciones de policías y acelerar la implementación de la reforma judicial coahuilense, donde destacan los juicios orales. Este es un tema crucial desairado por el gobierno estatal pues no deja votos. La seguridad se construye a partir del castigo de los crímenes menores, los cuales son de jurisdicción estatal y muy pocos son resueltos.
Al igual que Vanguardia, también espero la llegada de mejores tiempos, aunque estos no llegan por milagro. Hay que construirlos.
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