Jaime Villasana Dávila
Artículo Xataka-México, 3 de marzo
2016
Desde hace algunos meses el Director
General de Administración Delegacional de la Delegación Miguel Hidalgo (CDMX) y
que equivocadamente le llaman “City Manager”, Arne Aus Den Ruthen, ha venido
utilizando Periscope para “ventanear” en vivo y en directo a quienes violan
leyes y reglamentos locales relativos a la vía pública.
Luego de varios casos hechos famosos a
través de Twitter (como #LordMeLaPelas) y de la entrada al debate de la
Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el tema ha
tomado relevancia y ocupado buenos espacios en los medios tradicionales. Las
opiniones están divididas; los “pensantes” dicen que el uso del Periscope es
ilegal y peligroso para la democracia por no estar regulado, mientras que la
“raza de sol” alienta a Arne a continuar haciéndolo pues es uno de los pocos
medios efectivos para hacer cumplir la ley. ¿Quién tiene la razón? y lo más
importante ¿cómo reducimos los índices de impunidad entre ciudadanos que también
es altísimo?
El contexto
La primavera árabe de 2011 no puede entenderse sin las redes sociales. Fueron
estas las que catapultaron un movimiento de libertades ampliamente anhelado en
países como Egipto, Libia, Siria y Túnez. Que hoy están quizás peor que antes
es otra historia, pero al menos se dieron la oportunidad de cambiar el statu
quo con tales herramientas. Y conste que en ese año Periscope no existía (inició en febrero 2014).
De
entonces a la fecha miles de artículos se han escrito sobre la capacidad de las
redes sociales de transformar realidades y de colocar en el debate temas que de
otro modo no hubieran logrado un lugar en la atención pública. Y eso es
precisamente lo que está pasando con Arne y Periscope; están poniendo a debate
no la legalidad del uso de Periscope (es claro que hay que regularlo) sino la
urgente necesidad de que las autoridades apliquen mecanismos novedosos para
hacer cumplir la ley, porque hasta ahora hemos fracasado en hacerlo y esto es
un principio en cualquier democracia.
El
contexto indica que el principal problema de México, o uno de los tres
primeros, es la impunidad. Y ésta no solo es aplicable a políticos o servidores
públicos. También nos aplica a los ciudadanos. ¿Qué primero deben respetar la
ley quienes ejercen cargo público? No, todos debemos respetarla ¿qué las penas
quizá deban ser diferenciadas? Seguramente, no es lo mismo que un servidor público
robe recursos públicos que lo haga un privado.
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