Artículo publicado en Más Información, 20 de marzo de 2024
LOCALEANDO - Jaime Villasana Dávila
En un país serio y con democracia consolidada la entrega de las
pensiones del bienestar a los adultos mayores, el programa más popular del
gobierno de AMLO, no se hubiera realizado de manera generalizada, es decir a
todas y todos por igual. Hay dos razones principales para ello; no hay recursos
que alcancen y no todas las personas adultas mayores las necesitan.
Pero hay una tercer razón; enviar un mensaje a las y los ciudadanos de que los recursos públicos o la asistencia pública es finita y por lo tanto son para quienes más lo necesitan porque, como dice alguien, primero son los pobres ¿o no?
Haciendo un paréntesis, cabe decir que el programa de pensión del bienestar ya existía desde los gobiernos federales anteriores aunque con otros nombres y con alcance limitado, pues no había para todos. Haberlo hecho así era perjudicar otros programas sociales como la salud, la seguridad o la educación. En el sexenio de EPN se llamó Pensión para Adultos Mayores y a diciembre de 2017 beneficiaba a 5.5 millones de personas. Puede consultar sus reglas de operación aquí y en ellas se definía quienes y porqué podían recibirla, siendo la condición social uno de los principales criterios.
Regresando a las pensiones del bienestar, tenemos que el gobierno de AMLO tiró todo lo avanzado en educación cívica en materia de beneficios sociales cuando decidió generalizar la entrega de las pensiones del bienestar, así como las becas del bienestar y todos los demás programas similares de transferencias bancarias directas a la población.
¿Y por qué decidió hacer esto AMLO? Usted lo sabe mejor que yo y si ya se le olvidó aquí se lo recuerdo; por razones electorales.
Los beneficios o apoyos sociales generalizado son algo muy poco visto en países desarrollados por las razones ya citadas y solo ocurren en temas particulares (vacunación de infantes, por ejemplo) o momentos especiales; pandemia COVID, cualquier persona podía acceder a la vacuna, que es un apoyo al final de cuentas.
Como ciudadana(o) el recibir una ayuda o apoyo social no solicitado del gobierno (resalto “no solicitado”) te pone en una disyuntiva ética muy complicada, aunque dependerá de tu condición social; ¿aceptarla o no aceptarla? Si la acepto pero no la necesito estás contribuyendo a que no se apoye de alguna otra manera a personas que requieren apoyo gubernamental.
Para ilustrar lo anterior imagina que los adultos mayores “ricos y medio-ricos” no acepten su pensión del bienestar. Serían al menos varias decenas de miles de ellas(os) y en dinero serían quizá miles de millones de pesos que el gobierno federal se hubiera ahorrado para destinarlos a otros programas sociales (salud, seguridad, educación) o incrementar el monto de la pensión a las personas adultas en condiciones de pobreza extrema.
Pero los ciudadanos de este perfil social (clase alta y media) no tienen por qué enfrentar este dilema ético si el gobierno hace su chamba, es decir, aplicar los filtros necesarios para beneficiar solo a quienes más lo necesitan porque, otra vez, “primero los pobres” y pobres sigue habiendo millones en México ¿o no?
Lo normal es entonces que aquellos adultos mayores que lo reciben sin pedirlo y sin necesitarlo por su condición económica, lo acepten sin haber dilema ético alguno. Además, pudieran merecerlo, pues pagan sus impuestos y han trabajado toda su vida.
Siendo así, dicha disyuntiva ética se traslada y debe resolverla el gobierno (AMLO) por entregar beneficios a quienes no los necesitan.
Lamentablemente, en la política y en el gobierno la ética no juega un rol central, sino secundario. En la política y el gobierno se trata de ganar y mantener el poder pero, insisto, en los países serios, hay reglas escritas y no escritas para ello, porque sin ellas un país no podrá arribar al ansiado nivel de “desarrollado”.
En las campañas electorales de este año para presidente, gobernadores, alcaldes, diputados y todas las demás, las promesas han sobre pasado cualquier lógica o regla elemental de la democracia sobre la responsabilidad fiscal.
Aquí una promesa que causó mucho revuelo; la de Clara Brugada, candidata de MORENA al gobierno de la CDMX y que consistió en bajar las pensiones a los adultos mayores a la edad de 57 años. De entrada esa edad no está considerada como adulto mayor y luego está la responsabilidad política y de ética pública de ofrecer algo así por parte de quien tiene muchas posibilidades de ser la próxima gobernadora de la CDMX.
Algo o alguien la hizo recapacitar, pues en el debate del domingo pasado entre candidatos(as) para ese estado ya no la presentó. Quizá fue la enorme crítica recibida por dicha propuesta quien la hizo recular. Si fue así funcionó la democracia (libre expresión).
Para resumir, la ética cívica de los ciudadanos podemos limitarla al cumplimiento de las reglas escritas (leyes) y no escritas (valores) que nos hemos dado como sociedad (incluye al gobierno) para que existan el orden y la convivencia social.
En cambio, la ética pública aplica a los políticos, gobernantes y servidores públicos que tienen por obligación cumplir con la ley, pero también con los principios y valores democráticos que permitan a la misma democracia mantenerse y consolidarse.
Dar a diestra y siniestra apoyos sociales generando con ello una actitud colectiva de solamente poseer y exigir derechos (como una pensión), pero no de demandar el cumplimiento de responsabilidades (cumplir requisitos para obtener un derecho), definitivamente no es una postura gubernamental que consolidará a una democracia.
Al contrario, la debilitará porque la está encaminado no solo a una crisis financiera (del gobierno democrático), sino también generando una ciudadanía conformista y mantenida. De esas que le gustan a AMLO, a Sheinbaum y a toda la 4T.
Los apoyos sociales son para los más pobres. Pues tampoco en esto cumplieron; la pobreza extrema creció en este sexenio, según el INEGI.
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