Saltillo bipolar: sus sistemas de agua y de transporte público
Artículo
publicado en Más Información, 29 de julio de 2024
LOCALEANDO - Jaime Villasana Dávila
Saltillo, capital de Coahuila, es un ejemplo a nivel nacional en cuanto a la administración del servicio de agua potable, debiéndose ello a la estructura de su organismo operador llamado Aguas de Saltillo (Agsal). Se trata de una empresa mixta en la cual el gobierno municipal posee el 51% de las acciones y el 49% restante lo posee Aguas de Barcelona (Veolia). Agsal es operada y administrada por esta última.
Creada en 2001, su inicio estuvo cargado de reclamos sociales debido a los incrementos en las tarifas de agua potable y los servicios respectivos como contratación, reconexión, etc. En aquel entonces nadie quería pagar por lo que realmente cuesta llevar agua a los hogares, más en una zona semidesértica.
Agsal poco a poco pudo ganarse la confianza ciudadana haciendo lo que debe hacer; llevar agua potable a los hogares el mayor tiempo posible. Hoy los saltillenses tienen agua, pagan una tarifa real, sus finanzas están sanas (más adelante una prueba de ello) y su infraestructura está en buenas condiciones. El estándar ahora es muy alto.
Por si fuera poco, Agsal no está contaminado por cuestiones políticas, evitándose así que sea la caja chica del gobierno municipal en turno, tal como ocurre en el resto de los organismos operadores del país, con excepción de Aguascalientes y Cancún, donde también operan como empresas mixtas aunque con problemas más serios de índole político. En el resto de municipios hay organismos quebrados y muy subsidiados.
Otro hecho positivo son las utilidades que genera anualmente para beneficio del municipio y sus habitantes. En 2023 la empresa aportó al municipio 60 millones de pesos en utilidades, los cuales se destinan a proyectos específicos.
En suma, Agsal ha sido un caso de éxito a pesar de las campañas en contra organizadas por trasnochados que insisten en que Agsal sea regresado al 100% al gobierno municipal debido “a los abusos” en cobros de la empresa mixta y a que el derecho al agua debe ser operado y administrado totalmente por el gobierno. A ellos les digo que visiten a otros municipios para que vean el desastre de sus organismos públicos de agua. Una ciudad como Saltillo ubicada en una zona de escasez de agua no puede darse “ese lujo” de mal operar y mantener en bancarrota constante a su sistema de agua.
Paso a la otra historia de esta columna; el transporte público en Saltillo. Hay muchos datos que indican que nuestro sistema de transporte público esta en agonía. Datos del mismo gobierno municipal indican que al inicio de la pandemia COVID había 800 unidades de transporte público brindando el servicio respectivo. Hoy hay solamente 400 unidades.
Aquí otro dato oficial más: hace 10 años el sistema de transporte público tenía 400 mil usuarios. Hoy tiene entre 125 y 130 mil usuarios. Lo anterior ha ocasionado que el tráfico y la movilidad en la ciudad esté colapsado.
La pregunta es ¿porqué Saltillo es muy exitoso administrando su agua y es pésimo administrador de su sistema de transporte público? ¿porqué esa bipolaridad?
En mi opinión las razones son muchas y sólo me concentraré en tres.
PRIMERA RAZÓN: ACTORES INVOLUCRADOS. En el tema del agua había solamente un actor involucrado cuando el entonces Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo (SIMAS) se transformó en Agsal. Se trataba del gobierno municipal, quien por cuenta propia decidió tomar la decisión respectiva de buscar un socio. Para legitimar su decisión, muy radical en aquel entonces y todavía ahora, se consultó al gobierno del estado y a otros actores como el sector privado. Igualmente se publicó el plan para darlo a conocer a los saltillenses, aunque no se realizó una consulta formal. No se daba eso por aquel entonces.
En el tema del transporte público hay dos actores involucrados; el gobierno municipal y los concesionarios. Estos últimos son sindicatos y empresas privadas, quienes poseen una o varias rutas. Siempre será más complicado resolver un problema cuando se dependen de otro(s) actores y más cuando estos te pueden causar un problema de tipo social y político.
SEGUNDA RAZÓN: DESBALANCE DE PODER. En teoría es la autoridad municipal quien define el modelo de operación del transporte y las reglas respectivas. En la práctica han sido los concesionarios quienes lo han hecho. Este modelo de concesionamiento del transporte público ha funcionado desde al menos hace 50 años y desde entonces sindicatos y empresas han sido muy poderosos, dictando prácticamente las reglas del juego. El desbalance de poder es claro y se mantiene, aunque los concesionarios han ido perdiendo poder debido a su salida “del mercado”. Como se citó previamente; antes había 800 unidades y hoy 400. Esto es importante considerando que el modelo dueño-unidad se mantiene en algunas rutas.
Adicionalmente, el tercer actor sin “voto” pero sí con “voz” de nombre gobierno del estado, nunca ha querido echarse esta bronca encima aliándose con el gobierno municipal. Siempre apela al diálogo, actualiza el marco legal y poco más. Los usuarios (un cuarto actor) nunca han tenido una fuerza organizada constante y suficiente, salvo en ocasione en que los estudiantes interrumpían en el escenario debido al alza de la tarifa del transporte. En suma; el gobierno municipal, y en parte el gobierno estatal, usuarios y el municipio en general, no han podido con los concesionarios por razones políticas e intereses económicos.
TERCERA RAZÓN: OPERACIÓN FORZADA DE UN MODELO FALLIDO. El modelo de concesionamiento actual tiene décadas de haber fallado, más si se considera que buena parte del tiempo se permitió (se permite, aunque mucho menos) la relación dueño-camión. Esto naturalmente lo sabe el gobierno municipal desde hace muchos años, sin embargo debido a ese desbalance de poder existente poco ha podido hacer. Siempre intentaba el gobierno municipal hacer cambios mínimos o máximos y casi siempre se rendía ante los concesionarios o se lograban victorias pírricas. En los últimos diez-doce años se han dado los intentos más serios por cambiar el modelo. El primero sucedió entre 2012-2013 con la implementación del Saltibus, pero falló debido al siguiente alcalde quien lo canceló. Ingenuamente creyó que lo podía hacer mejor. El segundo intento lo está dando ahora mismo el gobierno municipal actual con el modelo NET (Nueva Estrategia de Transporte), pero ha sido lento y además está por terminar su gestión (31 de diciembre). Ante ello estará por verse si el alcalde electo le dará continuidad al modelo NET una vez en el poder o se mantendrá el modelo fallido actual. Ha dicho que sí reiteradas veces, pero igualmente ha sucedido en otras ocasiones y lo avanzado se viene para abajo. Solo queda esperar.
Concluyendo. Saltillo tiene un sistema de agua (Agsal) que puede considerarse de primer mundo si lo comparamos con los estándares de México. En contraparte, tiene uno de los peores sistemas de transporte público del país y se encuentra en agonía, ocasionando múltiples efectos colaterales como tráfico y contaminación ambiental. Es un caso de bipolaridad gubernamental fácil de comprender, teniendo su fundamento principal en los aspectos político y económico (intereses particulares). Lo técnico no tiene tanto peso, pues se sabe perfectamente cual es el problema y como solucionarlo. Hay gente muy competente en el gobierno municipal capaz de darle vuelta a la situación, si los dejasen operar. El aspecto financiero (financiación del nuevo modelo) tampoco está al nivel del aspecto político y económico dado que es muy probable que el o los inversionistas llegasen si hubiese un modelo y reglas que les permitan ganar dinero, tal como sucede con Agsal.
La opción de expropiar las rutas y unidades de transporte para que sea operado el sistema por el gobierno municipal tampoco es viable, como tampoco lo fue en su momento con el SIMAS hace más de 20 años. En aquel año el gobierno municipal no tenía recursos para modernizarlo y tampoco sucede ahora para pagar indemnizaciones por la expropiación del transporte y luego modernizar el sistema de transporte por sí solo. Se necesita inversión privada. Ahora bien, una expropiación paulatina (primero una ruta, luego la otra, etc.) pudiera ser viable con esos 60 millones de utilidad de Agsal en 2023 y luego asociarse con una empresa especializada en el transporte para la operación de la nueva empresa, ya sea local o foránea como Grupo Traxión.
Pero regresemos a lo actual; como lo cité previamente ahora mismo el gobierno ejecuta la estrategia NET y tendrá su primera prueba con la puesta en marcha del circuito capital (rutas en ambos sentidos por el periférico). Es fundamental que arranque antes de que termine la actual gestión municipal. Sería un fracaso enorme de no ser así (su arranque estaba programado para el 15 de julio pasado).
Su segunda prueba vendrá con el nuevo gobierno que entrará en funciones el 1 de enero de 2025 y quien deberá continuar y acelerar los trabajos antes de que empeore todavía más la movilidad, la contaminación y, principalmente, la paciencia de los saltillenses.
Glosa: Una buena parte de los saltillenses simpatizan con el PRI y así ha quedado demostrado en las últimas tres elecciones municipales, aunque en la pasada elección federal casi dividió preferencias con MORENA. En dos ocasiones han votado por gobiernos panistas debido a condiciones particulares. Hoy la opción del PAN ha prácticamente desaparecido y su lugar ha sido ocupado por MORENA. Este partido no ha sabido jugar bien sus cartas en las elecciones municipales pasadas; ni candidatos de buen perfil y ni mensajes atractivos, pero en la próxima elección pudiera ser diferente si parte de su estrategia de comunicación la concentra en el mensaje de la movilidad y de como su principal bastión (Ciudad de México), es punta de lanza en México y en Latinoamérica en este tema. “Movilidad; Nosotros sí sabemos cómo hacerlo”, pudiera ser un lema de campaña electoral que pudiera atraer votantes fastidiados por el problema de la movilidad. Más si presentan un plan serio al respecto. Ojo PRI-Saltillo, todo tiene un límite.
www.localeando.com X: @jvillasanad
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