La seguridad pública en México se centraliza todavía más ¿para bien?
Artículo
publicado en Más Información, 13 de noviembre de 2024
LOCALEANDO - Jaime Villasana Dávila
Es muy claro que, salvo honradas excepciones, los estados no han podido con sus responsabilidades que les asigna la Constitución en el marco del sistema federal mexicano.
Los estados no quieren hacer las
tareas más duras que le corresponde a cualquier gobierno y que son dos: cobrar
impuestos y brindar seguridad. Como niños pequeños acuden a papá gobierno
federal para que los saque de las broncas en estos temas. Insisto, en que hay
algunas excepciones.
Ante una situación así, muchos se preguntan para que quieres estados y gobernadores si no van a hacer su chamba. Mejor tener un gobierno centralista fuerte y cumplidor, dicen. No los culpo de pensar así, pero tampoco se vale agarrar parejo.
En el caso de la seguridad pública el asunto se agrava todavía más, dado que tiene que ver con la vida y tranquilidad de las personas. En este rubro son todavía menos los estados que han podido con el paquete, destacando Coahuila y Yucatán. Unos estaban en la misma liga, como Nuevo León, pero decidieron tirarlo todo por la borda.
Bajo esta realidad, era natural que la población apoyase a la 4T en el proceso de centralización de la seguridad pública vía la Guardia Nacional con mando militarizado, aun y cuando sus resultados han dejado mucho que desear, por decir lo menos. De hecho seamos claros; han sido peores.
Pues bien, dicha centralización de la seguridad pública dio lunes pasado otro paso más en su consolidación con la aprobación en comisiones del Senado para reformar el artículo 21 de la Constitución en el tema de seguridad. Las dos reformas principales que con toda seguridad van a ser aprobadas por el Congreso federal y los estatales son las siguientes, palabras más-menos:
1) Los fondos federales en seguridad entregados a estados y municipios serán auditados y su debido ejercicio vigilado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF, aunque tiene otro nombre pero dejémoslo así para más claridad) a cargo de Omar García Harfuch.
2) La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la SSPF, a la Guardia Nacional y a las policías locales, en el ámbito de su competencia.
Respecto de la primera reforma es bueno y malo que la SSPF audite dichos fondos. Es bueno porque, quiero pensar, que dichas auditorías serán más expeditas y operativas que las realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales tardan uno o dos años en concluirse. Además, porque los estados y municipios tendrán más cuidado al usar esos recursos, potencialmente evitándose los casos tipo camioneta Suburban del año para el alcalde con recursos para la seguridad.
Es malo porque hace funciones que le pertenecen exclusivamente a la ASF y porque quizá vaya a alentar o inhibir el ejercicio de tales recursos por parte de estados y municipios, sabiendo que serán auditados dos veces. Pero es la nueva realidad y tendrán que adaptarse rápido.
En cuanto a la segunda reforma, se esperaría que la SSPF contará con más recursos económicos para hacer su labor de investigación respecto a los otros tres actores, pues Harfuch es el consentido de Sheinbaum y hay buenas razones para ello.
Sin embargo armar su estructura de investigación le llevará tiempo; años quizá. Aquí Sheinbaum le está apostando a quien conoce (Harfuch), pero en el mundo ideal debería apostarle al Ministerio Público (MP); actor con mucha historia y definido por el Estado para hacerlo. De hecho ningún presidente le ha apostado a la profesionalización del MP y por ello estamos como estamos en materia de seguridad y justicia. Esto último lo han dicho por décadas los especialistas.
Una parte muy positiva de estas reformas es que le dan más poder a una dependencia federal en manos de un civil (Harfuch) y conformado por personal civil. Esto significa que este round lo perdieron (o se dejaron perder) los militares. Es por lo anterior que la oposición apoyo estas reformas promovidas por Sheinbaum.
Concluyendo; el proceso re centralizador iniciado por AMLO en 2018 se ha mantenido con Sheinbaum, reafirmándose el perfil muy centralista de la 4T. Muy al estilo del régimen priísta en sus años de gloria.
Los gobernadores y alcaldes tuvieron su oportunidad de demostrar su valía entre 2000 y 2018. La inmensa mayoría fracasó, muchos envueltos en escándalos de corrupción y otros más por incompetentes. Algunos pocos se salvaron. Este intento de federalismo se topó con pared, para dolor de quienes apoyamos este modelo de organización política.
El problema es que el nuevo centralismo de la 4T tampoco está dando mejores resultados y ya van seis años así. Ahí están las numerosas pruebas de corrupción y la desgana de la mayoría de gobernadores y alcaldes para hacerle frente a sus problemas, acostumbrándose hoy todavía más a pedir al gobierno federal que los saque de sus dificultades.
Ojalá que esta reforma de brindar mayor poder a la SSPF en perjuicio de estados y municipios sea un paso dado en la dirección correcta, dado que el país está peor en seguridad que con AMLO, el de los 200 mil muertos.
Si este nuevo poder lo van a
ejecutar con una visión centralista van a fracasar. Si lo hacen cooperando con
estados y municipios y fortaleciendo sus policías (visión federalista), es
posible que los buenos resultados en seguridad comiencen a llegar. Creo que Harfuch
lo sabe. Lo iremos viendo.
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