martes, abril 15, 2003

Servicio civil de carrera: ¿funcionará? - 2a Parte


Localeando, El Diario de Coahuila, 15 de abril 2003

En la primera parte del tema aquí tratado mencione sobre el inconveniente de haber diseñado la nueva Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal desde la perspectiva de “proteger”, con el afán de dar continuidad a los programas y proyectos, a los empleados públicos federales de cualquier remoción de su puesto bajo la discrecionalidad del jefe inmediato.

Afirmé que en lugar de lo anterior, dicha ley debió haber sido diseñada desde la perspectiva de ofrecer y garantizar un verdadero servicio de calidad al ciudadano basado en altos niveles de eficiencia laboral, enfoque diametralmente opuesto. Por otra parte también hice una breve referencia sobre lo nocivo de hacer valer esta ley sin haber terminado de “purificar” la nómina federal, donde aún queda mucho personal que no sabe a ciencia cierta lo que hace en su puesto, o si lo hace, no de la mejor manera posible.

Sin embargo, la suerte ya esta echada y el siguiente paso es asegurarse que esta ley sea implementada en su totalidad y del mejor modo operable, para tiempo después, irse perfeccionando conforme se vaya obteniendo experiencia. Esto en el ámbito federal.

Por lo que respecta al ámbito estatal solo Aguascalientes tiene una Ley de este tipo ya aprobada. Entidades donde esta ley esta en comisiones del Congreso estudiándose son Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Michoacán, Coahuila y Zacatecas. En el Distrito Federal la Asamblea Legislativa ya había aprobado su respectiva ley pero López Obrador la vetó por motivos presupuestales, pero principalmente porque iba a tener de “herencia” a funcionarios de la administración de Rosario Robles. ¿No tendrá la misma suerte esta ley en Aguascalientes cuando tome posesión el nuevo gobernador? ¿No tendrá la misma suerte esta ley en los demás Estados del país cuando suceda lo mismo? La respuesta a estas preguntas es que dependerá de los candados legales que hayan impuesto las legislaturas correspondientes para impedir que sea derogada por el nuevo ejecutivo estatal. ¿Pues no que todos estaban de acuerdo en este tipo de leyes?

¿Y que pasa en el ámbito municipal? En el municipio de Hermosillo, Sonora, el Cabildo aprobó un reglamento de servicio civil, sin embargo corrió la misma suerte que en el D.F.; fue vetada por el nuevo Presidente Municipal.

El problema que enfrenta y enfrentará este tipo de ley será la reticencia de los nuevos ejecutivos estatales o municipales (esperemos no pase lo mismo con el nuevo presidente del 2006), y es que al ver que su margen de maniobra para realizar movimientos de personal es muy reducido, simplemente darán marcha atrás, o bien, simplemente apoyarán sus fracasos de gobierno en el argumento de que no se contó con el personal necesario.

Ante todo lo anterior ¿Qué hacer? ¿Es conveniente aprobar o no una ley de este tipo con el riesgo de que sea vetada en un futuro? ¿Se necesita acaso un acuerdo de partidos, porque ya ni siquiera un Congreso, Cabildo o Asamblea garantiza la continuidad de la aplicación de una ley? Y si fuera así ¿Dónde queda la legitimidad del gobierno? Cuantas preguntas por contestar.

Mientras todo este debate se esta suscitando por todo el país, hay por ahí esfuerzos que pudieran representar el primer paso para aprobar, y sobretodo respetar, en un futuro una ley de servicio civil de carrera. Me refiero a los programas de certificación, que por cierto por el momento solo se encuentra en desarrollo para el ámbito municipal.

Como una alternativa a corto y mediano plazo, el denominado “Programa de Certificación de Funcionarios Municipales”, iniciativa impulsada por varios actores del ámbito municipal mexicano, es un proceso escalonado que valida los conocimientos, las habilidades y la experiencia de un servidor público en el área determinada creando un mercado laboral de servidores públicos que garanticen la suficiencia de un buen desempeño y desarrollo profesional.

La certificación se orienta bajo principios de rigor académico, profesional, transparencia, actualización permanente y evaluación, atendiendo la distinta tipología de municipios que existen en el país. Bajo este esquema, la certificación representa la consolidación de una carrera demostrada y no sólo la validación de conocimientos coyunturales.

Así pues tenemos dos opciones para tener empleados públicos profesionales y perdurables; implementar de golpe la ley de servicio civil o preparar el camino para implementarla a través de programas de certificación de funcionarios por parte de autoridades independientes y debidamente reconocidas.

Si usted fuera un recién electo presidente municipal, gobernador o presidente de la república que preferiría: ¿Recibir recursos humanos que arrastran todos los viejos vicios ya por todos conocidos y nombrados por su antecesor? o ¿recibir recursos humanos, en su mayoría, debidamente certificados por instituciones muy reconocidas, neutrales y profesionales?

Mientras cualquiera de las dos opciones se implementan, los respectivos gobiernos en turno deberán reforzar sus programas de capacitación con el único propósito de maximizar el uso de los recursos públicos, eficientar la operatividad del gobierno y potencializar los resultados del mismo. Todo con el único fin de mejorar la calidad de vida de sus gobernados.

Los caminos hacia la profesionalización no son de una sola trayectoria ni pudieran adherirse a esquemas que excluyan la cultura pública mexicana prevaleciente.   Sin lugar a dudas, la construcción de las sólidas instituciones municipales, estatales y federales, que impulsen el mejor de los servicios para los ciudadanos apenas comienza.  

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