Localeando, El Diario de Coahuila, 15 de abril 2003
En la
primera parte del tema aquí tratado mencione sobre el inconveniente de haber
diseñado la nueva Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal desde la perspectiva de “proteger”, con el afán de dar
continuidad a los programas y proyectos, a los empleados públicos federales de
cualquier remoción de su puesto bajo la discrecionalidad del jefe inmediato.
Afirmé
que en lugar de lo anterior, dicha ley debió haber sido diseñada desde la
perspectiva de ofrecer y garantizar un verdadero servicio de calidad al
ciudadano basado en altos niveles de eficiencia laboral, enfoque diametralmente
opuesto. Por otra parte también hice una breve referencia sobre lo nocivo de
hacer valer esta ley sin haber terminado de “purificar” la nómina federal,
donde aún queda mucho personal que no sabe a ciencia cierta lo que hace en su
puesto, o si lo hace, no de la mejor manera posible.
Sin
embargo, la suerte ya esta echada y el siguiente paso es asegurarse que esta
ley sea implementada en su totalidad y del mejor modo operable, para tiempo
después, irse perfeccionando conforme se vaya obteniendo experiencia. Esto en
el ámbito federal.
Por lo
que respecta al ámbito estatal solo Aguascalientes tiene una Ley de este tipo
ya aprobada. Entidades donde esta ley esta en comisiones del Congreso
estudiándose son Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Michoacán, Coahuila y
Zacatecas. En el Distrito Federal la Asamblea Legislativa ya había aprobado su
respectiva ley pero López Obrador la vetó por motivos presupuestales, pero
principalmente porque iba a tener de “herencia” a funcionarios de la
administración de Rosario Robles. ¿No tendrá la misma suerte esta ley en
Aguascalientes cuando tome posesión el nuevo gobernador? ¿No tendrá la misma
suerte esta ley en los demás Estados del país cuando suceda lo mismo? La
respuesta a estas preguntas es que dependerá de los candados legales que hayan
impuesto las legislaturas correspondientes para impedir que sea derogada por el
nuevo ejecutivo estatal. ¿Pues no que todos estaban de acuerdo en este tipo de
leyes?
¿Y que
pasa en el ámbito municipal? En el municipio de Hermosillo, Sonora, el Cabildo
aprobó un reglamento de servicio civil, sin embargo corrió la misma suerte que
en el D.F.; fue vetada por el nuevo Presidente Municipal.
El
problema que enfrenta y enfrentará este tipo de ley será la reticencia de los
nuevos ejecutivos estatales o municipales (esperemos no pase lo mismo con el
nuevo presidente del 2006), y es que al ver que su margen de maniobra para
realizar movimientos de personal es muy reducido, simplemente darán marcha
atrás, o bien, simplemente apoyarán sus fracasos de gobierno en el argumento de
que no se contó con el personal necesario.
Ante
todo lo anterior ¿Qué hacer? ¿Es conveniente aprobar o no una ley de este tipo
con el riesgo de que sea vetada en un futuro? ¿Se necesita acaso un acuerdo de
partidos, porque ya ni siquiera un Congreso, Cabildo o Asamblea garantiza la continuidad
de la aplicación de una ley? Y si fuera así ¿Dónde queda la legitimidad del
gobierno? Cuantas preguntas por contestar.
Mientras
todo este debate se esta suscitando por todo el país, hay por ahí esfuerzos que
pudieran representar el primer paso para aprobar, y sobretodo respetar, en un
futuro una ley de servicio civil de carrera. Me refiero a los programas de
certificación, que por cierto por el momento solo se encuentra en desarrollo
para el ámbito municipal.
Como
una alternativa a corto y mediano plazo, el denominado “Programa de
Certificación de Funcionarios Municipales”, iniciativa impulsada por varios
actores del ámbito municipal mexicano, es un proceso escalonado que valida los
conocimientos, las habilidades y la experiencia de un servidor público en el
área determinada creando un mercado laboral de servidores
públicos que garanticen la suficiencia de un buen desempeño y desarrollo
profesional.
La certificación se orienta bajo
principios de rigor académico, profesional, transparencia, actualización
permanente y evaluación, atendiendo la distinta tipología de municipios que
existen en el país. Bajo este esquema, la certificación representa la
consolidación de una carrera demostrada y no sólo la validación de
conocimientos coyunturales.
Así pues
tenemos dos opciones para tener empleados públicos profesionales y perdurables;
implementar de golpe la ley de servicio civil o preparar el camino para
implementarla a través de programas de certificación de funcionarios por parte
de autoridades independientes y debidamente reconocidas.
Si
usted fuera un recién electo presidente municipal, gobernador o presidente de
la república que preferiría: ¿Recibir recursos humanos que arrastran todos los
viejos vicios ya por todos conocidos y nombrados por su antecesor? o ¿recibir
recursos humanos, en su mayoría, debidamente certificados por instituciones muy
reconocidas, neutrales y profesionales?
Mientras
cualquiera de las dos opciones se implementan, los respectivos gobiernos en
turno deberán reforzar sus programas de capacitación con el único propósito de
maximizar el uso de los recursos públicos, eficientar la operatividad del
gobierno y potencializar los resultados del mismo. Todo con el único fin de
mejorar la calidad de vida de sus gobernados.
Los caminos hacia la profesionalización no son de una sola trayectoria
ni pudieran adherirse a esquemas que excluyan la cultura pública mexicana
prevaleciente. Sin lugar a dudas, la
construcción de las sólidas instituciones municipales, estatales y federales,
que impulsen el mejor de los servicios para los ciudadanos apenas
comienza.
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