LOCALEANDO
Jaime Villasana Dávila*
22 de Enero de 2003
Las
áreas de contraloría de los diferentes ordenes de gobierno constituyen una de las piedras
angulares para alentar la participación ciudadana, así como de las demás áreas
gubernamentales, en el diseño de procesos y mecanismos que generen una alta
transparencia. En otras palabras, representan el eslabón inicial de la cadena
de la transparencia gubernamental al deber promover el buen desempeño en las
áreas de gobierno que ofrecen los servicios a la población. Desgraciadamente,
lo antes señalado, se queda en el papel.
Para
lograr lo anterior, se requiere de una comunicación clara y contundente tanto
entre las diferentes áreas del respectivo orden de gobierno como con el resto
de la sociedad. Es decir, se requiere de una política de alentar, diferenciar y
premiar la buena gestión al interior de la estructura.
Un
punto fundamental es definir que es buena administración y alta transparencia y
establecer el tratamiento que se le va dar a los casos que lo demuestren. Es clave que la buena administración y
transparencia dentro del gobierno sea visto con ojos diferentes a situaciones
donde estas son mediocres o peores.
El
papel actual de muchas contralorías del país ha quedado a la de un simple
espectador, y peor aún, de un simple seguidor de mandatos del ejecutivo local,
estatal o federal. Su voz no se escucha o no se le quiere escuchar cuando trata
de indicar acciones incorrectas, o por otra parte, acciones que pueden ser
implementadas de una mejor manera en
alguna de las áreas dentro del gobierno.
El
temor en muchos de los titulares de los gobiernos a informar sobre el
descubrimiento de malas acciones dentro de su administración (bajo el argumento
de que “la ropa sucia se lava en casa”) es tan grande que termina por ahogar
algo que pudo ser benéfico para todos: el compartir un problema para encontrar,
entre todos (sociedad y gobierno) una solución al mismo, y sentar las bases de
procesos claros y transparentes para evitar tropezar con la misma piedra.
La
nueva perspectiva debe ser de que el descubrimiento de una acción incorrecta o
procedimiento en lugar de golpear a las autoridades electas en turno, le
beneficia al evitarle mayores problemas con la justicia. Amén de que la
sinceridad y honestidad siempre son premiadas por la sociedad. Hay que hacer
recordar a las autoridades que la casa es pública y corresponde a todos lavar
la ropa.
Si
bien es cierto que algunas leyes, con la finalidad de “transparentar” la
función de las contralorías gubernamentales, han otorgado la designación del
director de esta área de los gobiernos a las minorías partidistas o han
obligado a que su designación sea por la aprobación de las ¾ partes del
Cabildo, estas no garantizan una buena administración, una buena eficiencia
operativa ni tampoco una alta transparencia.
Es
necesario pues, aplicar principios básicos de administración que ayuden a
definir procesos y modelos administrativos y operativos que garanticen el
alcance de los puntos mencionados en el párrafo anterior y que generen una
cultura de contraloría participativa y no de control sobre el control. Es decir
que se construya un ambiente de colaboración y coordinación entre las partes y
no se capaciten meros “policías” para vigilar a más “policías”.
Otro
enfoque a reajustar es que si bien las Contralorías además de vigilar los
gastos y las comprobaciones administrativas a través de auditorias, deben de
ser eliminadoras de discrecionalidad,
diseñadoras de reglas claras, desarrolladoras de mecanismos que
involucren al ciudadano de la manera más despartidizada posible y promotoras de
la selección de personal por perfiles y méritos. Se trata pues, de establecer
una cultura de mejora continua que clarifique procesos y que ayude a
diferenciar lo importante de lo urgente y actuar en consecuencia. Si así
actuamos, durante la entrega-recepción de un gobierno todo será fácil y lo más
importante, de cara a la sociedad.
Encontrar
el camino correcto por el cual una Contraloría debe transitar no es sencillo.
Construir un consenso operativo entre las partes interesadas no es tan fácil
como modificar un procedimiento administrativo.
Se lleva tiempo, y aun en consenso siempre habrá el reto de mantener la
aceptación a pesar de que los conceptos de transparencia y confianza irán evolucionando
con el tiempo y los cambios en la sociedad y las realidades de los gobiernos se
encuentran en constante movimiento. Pero
una vez que los canales de comunicación con las diferentes áreas y los diversos
sectores sociales han sido sólida y transparentemente construidos, lo demás se
da por si sólo.
Existen
muchas preguntas sobre las contralorías gubernamentales, pero también hay que
preocuparnos por encontrarles sus respuestas.
*El
autor es Gerente de Programa en la Asociación Internacional de Administración
de Ciudades y Condados, sede México. (ICMA por sus siglas en inglés,
www.icma.org). Email: jvillasana@icma.org
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