El pacto federal y el 122

Localeando, El Diario de Coahuila, 10 de octubre 2004

Caminando por las calles de Ottawa allá por el año 2000, vi a un joven canadiense portar una camiseta con el mapa de Canadá en la cual se podía apreciar que sus provincias permanecían apenas unidas por hilos, lo que hacia constar desde esa perspectiva, la débil unión en aquel país.

En aquel entonces Canadá venía recuperándose de los intentos de Québec por independizarse, hecho que estuvo a punto de consumarse a mediados de la década de los 90’s. A más de 7 años de ese acontecimiento, el fantasma independentista continua rondando entre las mentes más conservadoras no solo de los “quebequenses”, sino también de los habitantes de Alberta, Saskatchewan y Manitoba.

Lo que vi en Ottawa me vino a la cabeza debido a lo que acontece en nuestro país por lo del artículo 122 constitucional, donde si bien no hay enfrentamiento directo entre entidades si lo hay vía el Congreso. Celebro que así sea, porque de lo contrario otros serian los resultados.

Un pacto de unión integral entre Estados soberanos no se resume a un pacto del orden meramente político; incluye pactos fiscales, pactos militares, pactos económicos, pactos subsidiarios, pactos legales y pactos sociales. La Unión Europea por ejemplo va camino a un pacto integral que partió de un pacto económico (La Comunidad del Acero y del Carbón). La República Mexicana, es un pacto integral y actualmente una de sus partes esta en crisis: el pacto fiscal.

A lo largo de su historia, México ha enfrentado retos para constituirse como país (unión integral). Su vida como nación inicia con un Chiapas que no era parte de la República. Posteriormente, y por el motivo que quieran, en 1836 Texas se separa y ello incita en parte a que en 1840 Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila crearan la efímera República del Río Grande, haciendo nuevos intentos pocos años después. La Unión Integral se tambaleaba.

Lo sucedido en 1846-47 si bien fue un arrebato de territorio por parte de Estados Unidos, muy probablemente esos “Estados” hubieran seguido los pasos de Texas dadas las débiles instituciones que como país teníamos en aquellos años. La unión de provincias a que los españoles habían obligado siglos atrás bajo el nombre de la “Nueva España” siguió milagrosamente unida después de esa grave perdida territorial.

Ya en el presente y motivado en ocasiones por factores ajenos a un deseo genuino por ser independientes, Yucatán dio muestras de intenciones separatistas en varias ocasiones (la última en 2001), lo que conlleva que ante ciertas coyunturas estos deseos puedan concretarse.

Posturas nuevas de separación o independentistas de carácter total no se avizoran por el momento en alguno de las entidades. Pero si hay visos de deseos de independencia fiscal en algunos de ellos. El último en decirlo con todas sus letras fue el mismo AMLO hace unos días.

En el resto de los Estados la independencia fiscal no ha sido mencionado de una manera clara, pero se dejan deslizar declaraciones que apuntan hacia ello, principalmente en algunos estados del norte.

Con tanto alboroto hoy levantado por la reforma al artículo 122 constitucional, cabe reconocer que las declaraciones de la mayoría de los Gobernadores han sido hasta el momento mesuradas (incluyendo a AMLO), señalando meramente que se trata de un asunto de equidad fiscal federalista.

Pero mi preocupación no parte de los políticos sino de la vox populli; el siempre presente reproche de los provincianos para con el D.F. y viceversa encuentra tierra fértil en este tipo de coyunturas para seguir agrandándose, y solo basta que un político en campaña electoral enarbole esta bandera para comenzar a ver las primeras consecuencias ¿Qué porcentaje de Chihuahuenses, Coahuilenses, Neoleoneses, Yucatecos, entre otros, estarían dispuestos a votar o impulsar una causa así? La mecha puede encenderse.

Al parecer no hay una causa de enormes proporciones que motive a una separación de un o algunos Estados; hablamos el mismo idioma, la historia es similar, compartimos los mismo valores, sufrimos en lo general las mismas carencias, las familias están dispersas entre varios estados (incluyendo el D.F.), entre otros, pero no por su inexistencia significa que no se puede generar alguna y vuelvo al caso de Yucatán: el conflicto electoral del 2001 dio motivo a manifestaciones (manejadas) de índole separatistas.

La reforma al artículo 122 esta siendo impulsado de manera “cruel” por algunos actores políticos pero también esta siendo mal atendida por el otro bando (AMLO rechazó la oferta de diálogo del PAN). Si bien es cierto que esa propuesta lleva años en el Congreso y que es justa, el quitar de golpe y porrazo entre 4 mil y 9 mil millones al presupuesto del D.F. es un golpe terrible para cualquier administración.

Imaginen que a estas alturas a Coahuila le quitaran el 10% de su presupuesto para el año entrante. El enojo sería mayúsculo pero muy probablemente el Estado pudiera sortear el recorte dada su buena salud financiera, pero no así el Distrito Federal. Seguro se está preguntando ¿Y los coahuilenses porque deben pagar por lo que acontece en la capital? La respuesta es sencilla: la interdependencia de los estados para con el D.F. y viceversa es extremadamente profunda.

Las finanzas del D.F. son débiles en lo general. Si bien su presupuesto es de alrededor de 80 mil millones para una población de apenas 8.6 millones de habitantes, su entorno financiero, fiscal, administrativo e inclusive social y político es realmente complejo. De entrada acumula una deuda de 40 mil millones, incrementada mayormente desde que el PRD asumió el gobierno en 1997.

Para comparar el tamaño del presupuesto capitalino pongamos de ejemplo a Monterrey y Guadalajara. La primera tiene una población de 1.1 millones y su presupuesto es de 2 mil 400 millones o $2,185 pesos por habitante. La segunda tiene una población de 1.6 millones y su presupuesto es de 3 mil 057 millones o $1,856 pesos por habitante. En el D.F. el presupuesto es de $9,302 pesos por habitante. ¿Es desproporcional? Si, pero la culpa no es de los defeños. Es de las reglas existentes.

Dada estas realidades urge una reforma fiscal profunda para que la rebatinga de recursos no sea el pretexto que conlleve a intenciones separatistas de alguno de los estados.