Artículo
Localeando, 14 de Junio de 2012,
Jaime Villasana Dávila.
Para nadie es un
secreto que el actual gobierno de Coahuila recibió a mi querido estado en casi
una completa ruina integral. Desde coahuilenses estereotipados y desmoralizados
por la deuda, hasta unas finanzas públicas en bancarrota pasando por una
integridad desecha en buena parte de la burocracia. No olvidemos a la
inseguridad rampante.
Al inicio el
reto para el gobernador tuvo un agregado especial pues quien le dejó tal
situación fue su hermano y esto limita su capacidad de maniobra. De entrada no
pudo usar la frase usada por los nuevos gobernantes: “me dejaron un desastre”.
Ante este
contexto y tragándose todas las críticas pues no podía traspasarlas, el
gobernador se propuso primero restructurar el modelo organizacional del
gobierno, algo típico de los nuevos gobiernos y, segundo, reformar
jurídicamente dos entidades responsables de temas cruciales que se encontraban
destrozadas; Finanzas y Procuración de Justicia.
Otras leyes
fueron ajustadas como la ley de Planeación, que lamentablemente monopoliza el
tema en manos gubernamentales. Adicionalmente emprendió un obligado plan de
austeridad. Subió impuestos y creo otros nuevos. La urgencia de recursos era y
sigue siendo una constante.
A siete meses de
su mandato el gobernador lanza una segunda etapa de esta restructuración jurídico-política-organizacional
de la estructura gubernamental con el llamado “Pacto Coahuila”, el cual
tentativamente llevará a actualizar la Constitución local y otras leyes aun no
reformadas.
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| ¿Parte del problema o de la solución?. Fuente: Milenio |
Pero ¿con quien
firmó el gobernador el Pacto Coahuila? Con el Congreso local, Poder Judicial
local, Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Instituto de Transparencia (ICAI),
Instituto Electoral (IEPEC) y la Comisión de Derechos Humanos (CEDH). Todos organismos cuestionados y con
cierta responsabilidad del contexto actual ¿y los ciudadanos?
Pero para
iniciar un auténtico proceso de renovación de la estructura gubernamental estatal
deben ocurrir dos cosas conocidas. Primero; aplicar justicia por el caso deuda.
Al momento las autoridades locales no lo han hecho. Incluso de manera
sorprendente, y a diez meses de que estallara el escándalo, al principal
imputado (Javier Villarreal) ni siquiera se le ha sancionado ¡administrativamente!
(menos judicialmente).
Lo otro que debe
ocurrir es transparentar puntualmente todos y cada uno de los conceptos de la deuda.
El gobierno del estado se sigue negando.
Hay que
reconocerle al gobernador su esfuerzo de renovación. El estado lo necesita. Sin
embargo mientras la deuda no se esclarezca, cualquier iniciativa
automáticamente nacerá manchada. Incluido el Pacto Coahuila.
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