Opinión: Fiscalidad ecológica subrogada

Fiscalidad ecológica subrogada

Por Fidel García Granados, 12 de noviembre 2026

Los gobiernos municipales tienen a su cargo, en términos del artículo 115 constitucional, la prestación de, entre otros, el servicio público de disposición final de residuos; sin embargo, el desarrollo normativo secundario ha mermado paulatinamente sus capacidades institucionales para el cumplimiento de tal encomienda.

Inicio de operaciones de la celda 3 del relleno sanitario del municipio de San Miguel de Allende (SMA), Guanajuato. Imagen: Gobierno Municipal de SMA.

El servicio público de disposición final de residuos

Los gobiernos de las ciudades han prestado diferentes servicios públicos relacionados con la calidad de vida de sus habitantes, con anterioridad, incluso, a la reforma constitucional que, en 1983, les ratificó dicha atribución; entre ellos, el relativo a la disposición final de los residuos, sin distinción de ninguna clase respecto a estos. Sin embargo, la regulación secundaria posterior ha materializado una progresiva tendencia a la centralización, en la que el desplazamiento de los municipios de la gestión de los residuos se ha concretado a través de la creación de las categorías jurídicas de los residuos peligrosos, primero, y de los de manejo especial, después; los primeros considerados como aquellos cuyas características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables o bioinfecciosas representan un riesgo para el ambiente o la salud pública, mientras que los segundos están imprecisamente definidos por exclusión, imputándose como tales a cualquier residuo que no pueda ser considerado ni peligroso ni sólido urbano. La regulación de los residuos peligrosos se ha asignado a las autoridades federales, mientras que la de los de manejo especial a las de las entidades federativas, a partir de la subclasificación que aquellas definan, pero sin un claro fundamento constitucional respecto de uno u otro supuesto.

Ahora bien, en un entorno institucional efectivamente concurrente, la regulación administrativa de la federación y las entidades federativas respecto a esas categorías de residuos podrían coexistir con el de servicio público municipal, establecido en el artículo 115 constitucional, sin embargo, en el artículo 10, fracción IV, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se estipula que los municipios únicamente pueden prestar el servicio público respecto de los residuos sólidos urbanos, exceptuando de ese régimen tanto a los peligrosos como a los de manejo especial, sin que, en contrapartida, ni las autoridades federales o estatales hayan colmado, de manera regular y continua, las necesidades de interés general que son inherentes a la prestación de todo servicio público, limitándose únicamente al otorgamiento de permisos y licencias en materia de residuos peligrosos, unas, y de residuos de manejo especial, otras. Mientras tanto, los gobiernos municipales tienen que continuar lidiando con una realidad de la que la ley los ha apartado.

Impuesto ecológico por el depósito de residuos

Otro efecto de esa clasificación ha impactado, recientemente, en las finanzas municipales en entidades como Guanajuato, México, Querétaro o Zacatecas, en las que, a través del establecimiento de impuestos ecológicos, los gobiernos de los estados —que no los de los municipios—, están recaudando recursos por el depósito de residuos de manejo especial en sitios de disposición final, aun en aquellos operados por las propias instancias municipales.

En Guanajuato, en noviembre de 2022 fue reformada la ley de hacienda estatal para incorporar el impuesto ecológico de remediación ambiental por el depósito de residuos de manejo especial, que deben pagarlo quienes generen diez toneladas o más de esta clase de residuos al año, y que los depositen en sitios de disposición final ubicados en el territorio de la entidad, por sí o a través de un tercero; este impuesto se causa al momento de que se efectúa el vertido de tales residuos en cualquiera de esos sitios de disposición final, con independencia del lugar en que aquellos hayan sido generados, a razón de cien pesos por tonelada depositada, conforme a los manifiestos de entrega, transporte y recepción con que se haya documentado la disposición final de tales residuos, en términos de la normativa ambiental relativa.

Contribución con destino específico

Los impuestos son, en principio, ingresos de libre disposición, por lo que no están etiquetados a un gasto específico; sin embargo, los impuestos ecológicos tienden a apartarse de esa pauta, ya que tanto su existencia jurídica como su legitimación política residen en la consecución simultánea de dos objetivos de política ambiental; obtener recursos públicos para la protección al ambiente y reorientar la conducta de los agentes económicos hacia ese mismo objetivo. Por ello, tanto el destino a ese gasto específico, como la transparencia respecto de su aplicación y resultado, adquieren particular relevancia; ese doble objetivo impone que la asignación de los recursos recaudados a través de tales contribuciones se dirijan específicamente a atender la situación ambiental que les dieron origen; no es gratuita, en el caso particular, que en la propia denominación del impuesto se reconozca que tiene como propósito la remediación ambiental por el depósito de residuos, específicamente. Por lo tanto, los fondos recaudados a través de ese tributo debieran orientarse, por ejemplo, a la reconversión de los tiraderos municipales en rellenos sanitarios, la remediación de sitios contaminados o el aprovechamiento energético de los residuos depositados.

Sin embargo, en la citada ley hacendaria se estipula que los recursos recaudados se destinarán “prioritariamente, a las áreas de mayor afectación ambiental y de rezago económico”, lo que deja abierta la posibilidad de que tales recursos se apliquen a asuntos ajenos a la remediación ambiental. Por otra parte, cabe reiterar que la aceptación social de los impuestos ecológicos depende de la claridad con la que se explica su finalidad, se transparenta el uso de los recursos y se evalúan los resultados de remediación ambiental, lo que obliga a la autoridad fiscal a informar sobre la recaudación obtenida y sobre su contribución al cumplimiento de los objetivos que motivaron su creación, en este caso, a la remediación ambiental por la disposición de residuos, incluyendo la relativa a la prestación de ese servicio público por parte de los municipios.

Fidel García Granados

Colegio Nacional de Abogados Municipalistas A.C.

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