lunes, diciembre 19, 2005

Coahuila; transparencia inconstitucional

Jaime Villasana Dávila, 19 de diciembre 2005

Los ministros coahuilenses quisieron tapar un hoyo (el de la opacidad) pero destaparon otro, y más grande (violación de facultades de los municipios para emitir reglamentos). Pero iniciemos por el principio.

En materia de transparencia y acceso a la información los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) se avientan la “bolita” de la responsabilidad pero al mismo tiempo se bloquean y autoimponen limitaciones que al final de cuentas el principal afectado resulta ser, como siempre, el ciudadano.

El Congreso federal recrimina al Ejecutivo federal su falta de transparencia en ciertas cuentas cuando el mismo Congreso es uno de los campeones de la cerrazón y de la opacidad. A nivel Estatal la situación es todavía más grave porque ambos poderes se confabulan para impedir que se transparenten actos y decisiones (el caso Montiel por ejemplo). Por su parte las autoridades municipales implementan iniciativas de transparencia basadas en las “ganas”, cuando esto no es suficiente.

Respecto a los poderes judiciales estos no se quedan tan atrás aunque es preciso reconocer que el Federal, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le lleva la delantera a sus colegas estatales y municipales (este último enfocado más en una justicia administrativa). La conclusión momentánea; el común denominador sigue siendo la firmeza por cuidar la información pública como si fuera privada.

La reglamentación de la transparencia en México sigue evolucionando y pasará todavía algún tiempo para que encuentre un estatus adecuado donde sus modificaciones sean mínimas. Pero mientras esto acontece debemos estar muy atentos a las resoluciones jurídicas que van moldeando el marco legal respectivo, y el ejemplo lo coloca la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, convertido en Tribunal Constitucional, en el sentido de que los Ayuntamientos coahuilenses no tienen facultades para legislar en materia de acceso a la información.

Esta resolución refleja que los ministros coahuilenses ignoran que el pasado mes de mayo, la SCJN aprobó un criterio jurídico para dejar en claro que el artículo 115 de la Constitución le otorga a los municipios facultades para reglamentar y normar prácticamente todos los aspectos importantes de la vida de sus comunidades siempre y cuando no vayan en contra de lo que disponen las constituciones y las leyes, federales y locales. La decisión de la SCJN fue de tal magnitud que la ministra Olga Sánchez Cordero declaró "Es un momento histórico que cambiará la vida política del país".

En la misma resolución, la SCJN estableció que los ayuntamientos deben tomar como base las leyes municipales para elaborar sus reglamentos, pero sin que éstas representen una limitante. La única excepción en la que un Congreso local puede regular la vida de un municipio es cuando no cuenta con reglamentos sobre la materia. Pero sólo de manera provisional, pues dicha regulación dejará de operar en cuanto el municipio aludido cree sus propios reglamentos.

En 1999 no habían leyes de transparencia federal y estatales y menos reglamentos municipales, sin embargo en el 2001 Monterrey se erigió como el primer ente gubernamental en dictaminar una norma sobre transparencia y acceso a la información pública. Algunos municipios siguieron el ejemplo y decidieron emitir sus propios reglamentos, a pesar de que en sus respectivos Estados no había una ley estatal. Este fue el caso de Coahuila; Ramos Arizpe y Torreón emiten en febrero y marzo de 2003, respectivamente, sus reglamentos mientras que la ley estatal fue emitida en octubre del mismo año, entrando en vigencia el primero de diciembre de 2004. La doctrina jurídica indica que los municipios debieron ajustar sus reglamentos a la nueva ley estatal pero sin que esta fuera limitante para ir más allá en el espíritu de la misma, en este caso de la transparencia.

La resolución del tribunal coahuilense proviene de una controversia de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) en contra del Ayuntamiento de Torreón, al negarse este último a brindar información a un ciudadano sobre planos y proyectos respecto de un malogrado paso a desnivel realizado en la ciudad.

El Tribunal coahuilense justificó en su resolución de invalidar el reglamento torreonense de transparencia bajo el argumento de que "en ningún artículo de la propia Constitución General ni de la Estatal faculta a los Municipios para que expidan reglamentos en cuanto a la información pública", pero este argumento es claramente ingenuo ¿Imagine Usted que en las Constituciones se detallen puntualmente lo que si y lo que no pueden legislar los ayuntamientos? A este paso los magistrados terminarán por invalidar muchos otros reglamentos municipales que no citan la Constitución federal y estatal.

El Tribunal coahuilense al parecer no sabe interpretar leyes, principalmente el punto segundo del artículo 115 de la Constitución federal que señala “los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal… los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”.

Por supuesto que el Ayuntamiento de Torreón cometió un acto a todas luces reprobable al negarse a dar la información solicitada y por tal hecho debe ser criticado, conminado a rectificar y a modificar su reglamento, pero aceptar la resolución de los magistrados coahuilenses sería regresar seis años en la historia de este país. Con su decisión eliminaron de golpe y porrazo la reforma al artículo 115 de la Constitución federal realizada en 1999 y la resolución de la SCJN. ¿Qué sigue?

Glosa: El Ayuntamiento de Saltillo esta por aprobar un reglamento de transparencia que ni siquiera fue consensuado y difundido previamente ante la opinión pública. Al parecer se aprobará una norma de transparencia en un proceso poco transparente. ¿Dónde quedó el sentido común?

jueves, diciembre 15, 2005

El nuevo instituto de planeación

Artículo Localeando
El Diario de Coahuila, 15 de diciembre de 2005

Después de residir tres meses en Japón  y regresar a México para pasar las fiestas decembrinas, las comparaciones son inevitables. Guardando las obvias y debidas proporciones las diferencias en desarrollo cívico, político y de infraestructura física son realmente enormes. Para decirlo sin rodeos: los países de Asia Pacífico avanzan rápidamente en tren bala mientras nuestro país y estado se mueven a la velocidad de una máquina de vapor.

Pero no solo esta región del mundo toma acciones para competir globalmente y posicionarse. Mientras esperaba el avión en Houston, observé en una de las secciones del periódico The Wall Street Journal (6/12/2005) un anuncio que promovía a la región del Norte de Inglaterra (www.northengland.com). El anuncio invitaba a inversionistas a colocar su dinero en la región para desarrollar tecnología. Su estrategia se basaba en la calidad de sus instituciones educativas.

Leyendo sobre “North England” de inmediato recordé a La India, ubicado en otra región del mundo, y quién también decidió enfocarse en la atracción de inversiones en tecnología, banca y servicios financieros. El excelente nivel educativo en sus universidades, mezclado con una mano de obra de bajo costo y el dominio del idioma inglés (recordemos que fue una colonia británica), están haciendo que las ciudades de Mumbai y Bangalore sean reconocidas como generadoras de programas de software muy avanzados. En el área financiera van por el mismo camino. Tan solo JPMorgan, el gigante financiero estadounidense, plantea reclutar más de dos mil recién graduados para incorporarlos a sus negocios en los próximos dos años.

La pujante Corea es ya una realidad y sus ciudades comienzan a ser el ejemplo de desarrollo urbano para el siglo XXI. Su desarrollo tecnológico es impresionante y sus indicadores sociales están ya a la par de los países desarrollados. Por su parte Japón, al momento líder en la región, sigue innovando e implementando acciones que le han permitido no rezagarse ante sus feroces competidores.

Sobre Japón me atraen varias características pero destaco una que es básica para atraer inversiones y dar viabilidad a las políticas públicas diseñadas: la aplicación de la ley. En estos tres meses que estuve allá detuvieron a dos diputados del Congreso nacional por violar algunas leyes. En Japón no existe el fuero y cualquier funcionario o político puede ir a la cárcel como cualquier otro ciudadano.

Uno de estos diputados había dado dinero a algunos simpatizantes de una forma inapropiada durante la contienda electoral de septiembre y donde Koizumi pudo reelegirse. A los dos meses de violar la ley, el diputado, que buscaba reelegirse, ya estaba en la cárcel. Con un marco de justicia así tanto sociedad como empresarios sienten la confianza necesaria para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

Todo lo que antes he citado sobre estos países y regiones no es producto de la casualidad y de los buenos deseos. Es consecuencia de una planeación trabajada de largo plazo y de la implementación de políticas públicas que reflejan que los habitantes de estas regiones saben a donde quieren llegar y como quieren posicionarse ante los inversionistas de todo el mundo, incluyendo los nacionales.

El nuevo Instituto de Planeación y Políticas Publicas  de Coahuila (IPPP) tiene frente a sí un enorme reto y como plataforma de partida tiene el plan elaborado por la pasada administración estatal. Su trabajo no puede ni debe limitarse a crear 10 mil empleos anuales. Tiene desafíos conformados por temas multidisciplinarios que implica generar las políticas públicas adecuadas mediante una planeación consensuada, es decir, trabajar cercanamente con diversas dependencias públicas y actores sociales. Las imposiciones deben quedar en el pasado.

Las inversiones no se atraen simplemente rebajando o eliminando impuestos. Buscan ambientes que ofrecen calidad y conocimiento en la mano de obra (que tiene que ver con educación); infraestructura física adecuada (relacionada con obras públicas y desarrollo urbano);  y un ambiente político y legal actualizado y estable (relacionado con justicia y armonía social). En todo ello deberá también enfocarse el IPPP.

Un error común entre instituciones como el IPPP es que el gobierno en turno lo considera como un ente propio y por lo tanto solo debe definir la planeación y las políticas públicas para dicho gobierno y desde el enfoque gubernamental. Sin embargo, deben actuar con un enfoque integral de la sociedad (en donde forma parte el gobierno) porque un futuro colectivo no se construye de forma unilateral. De esta forma, el IPPP debe integrar un consejo con miembros de la sociedad civil y estar lo mas alejado de la política partidista.

Bajo diferentes nombres, este tipo de instituciones u organismos son comunes en países o sociedades desarrolladas y son escenarios naturales para el análisis y el debate, para pensar en el largo plazo y para generar una visión autónoma y técnica. En ellos los fondos privados son bienvenidos porque potencializan resultados. Buenos ejemplos son el Instituto de Políticas Públicas de California y Calgary Sustentable.

La creación del IPPP en Coahuila es una excelente idea y si no me equivoco sería el primero de su tipo en el país. Sin embargo no vasta solo con haberlo creado. Deberá ir construyendo día a día su reputación, de modo que se convierta en toda una realidad y no solo en una buena idea más que fracasó y murió en el intento.

El IPPP deberá insertarse en el quehacer público como un aliado de todas las dependencias y de los sectores. Deberá abrir camino, ganarse la confianza de actores y tomar decisiones difíciles (caso CIMARIS) pero necesarias para el desarrollo sustentable de Coahuila. Seguramente también cometerá errores, pero estos deberán ser absorbidos y procesados para convertirse en fortalezas.

Coahuila enfrenta complicados retos y el IPPP deberá colocar soluciones y respuestas para su sociedad. Esperemos que así suceda.


Glosa: Los alemanes comprenden el desafío de la globalidad y saben del potencial de Asia Pacífico. A partir del 2006 ofrecerán en sus escuelas secundarias el japonés como segundo idioma ¿Y en Coahuila que estamos haciendo? Ni siquiera el inglés ha podido ser implementado adecuadamente.

lunes, diciembre 05, 2005

Canadá en el 2007

Por Jaime Villasana Dávila. 5 de diciembre 2005

Canadá ha dado mucho que hablar en las últimas semanas debido a la reciente caída del gobierno de Paul Martin y por el décimo aniversario del referéndum sobre la soberanía de Québec. Sobre el primer hecho tenemos que las elecciones del 23 de enero para definir al nuevo gobierno son importantes pero normales; partidos políticos que hacen campaña para llegar al poder dentro de un marco democrático fuertemente consolidado. Nada fuera de lo común.

Sin embargo, la verdadera prueba de fuego para Canadá será el 2007 cuando se celebren elecciones provinciales en Québec. De ganar el  Parti Québécois (PQ) es un hecho que habrá un nuevo referéndum, posiblemente en el 2008. Su plataforma política, aprobada el pasado mes de junio, así lo confirma.

Mi primer viaje a Canadá ocurrió hoy hace exactamente diez años y fue gracias a una novia canadiense que tenía en aquel tiempo. Casi un mes antes a mi arribo, específicamente el 30 de octubre de 1995, el PQ había perdido el segundo referéndum de tinte secesionista por un mínimo margen. El “Sí” a la soberanía obtuvo 49.4 por ciento y el “No” el 50.6 por ciento. Ese resultado, aunque no fue el ideal para el PQ, sí les dejo esperanzas dado que en 1980, en el primer referéndum, habían obtenido un 40.4 por ciento de votos a favor. El número de simpatizantes había aumentado y hoy parece que la tendencia sigue creciente.

Cinco años después regresé a Canadá y caminando por un centro comercial en Toronto, observé a un joven que portaba una playera que tenía estampado el mapa del país con sus provincias atadas por hilos. Una mejor representación de la realidad no podía haber encontrado. Para ese entonces el número de personas que se cuestionaban la viabilidad de Canadá como país iba en aumento a pesar del triunfo del “No”. El surgimiento de asociaciones políticas con tintes regionalistas en las provincias de Columbia Británica y Alberta eran (y son) la mejor prueba de ello.

Desde 1995 procuro dar seguimiento a la vida política canadiense y una de mis conclusiones es que una vez aparecido un sentimiento colectivo, como el separatismo en los quebequenses, es difícil de erradicarlo. Al igual que un virus, siempre buscará el momento adecuado para hacerse presente de nueva cuenta.

Han sido múltiples los factores que han mantenido vivo este sentimiento. El no reconocimiento legal a la cultura francófona de Québec durante la reforma constitucional canadiense de 1982 es uno de ellos. Al respecto decidí consultar a Mireille Ouellet, una buena amiga oriunda de Québec. Mireille me comento vía correo electrónico que “Pienso que queremos más un reconocimiento de nuestra particularidad cultural como parte integrante de la cultura canadiense que una secesión para obtener un país distinto”. La cultura, sin duda, es fuente de inspiración para desafiar a un país entero.

Otro de los factores que le han echado “más leña al fuego” fue el fiasco cometido por los “federalistas”, osease el gobierno nacional dirigido por los liberales, después del referéndum. Con el propósito de fomentar un Canadá unido, el gobierno de Jean Chretien (1993-2003) otorgó jugosos contratos de campañas publicitarias a empresas simpatizantes de su mismo partido. El reporte del fiscal Gomery, dado a conocer semanas atrás, ratificó los malos procedimientos en el otorgamiento de los contratos cuyos montos suman alrededor de US$75 millones.

La nueva generación de quebequenses es otro factor que suma a favor de una soberanía, o al menos de un “reconocimiento especial” para la provincia. Según un estudio realizado por la Universidad de Laval en Québec, el sentimiento pro-independentista se ha incrementado gracias al apoyo de los jóvenes, mientras que las viejas generaciones simpatizan mayormente con Canadá. Elsa Lefebvre, de 26 años y representante del PQ en la Asamblea provincial, señaló recientemente a la agencia AFP que su generación desea su propio país para tener un mayor control sobre su propio destino. Lefebvre agregó que “el deseo de soberanía no es un sentimiento anti-Canadá. Es pro-Québec. Canadá es un país maravilloso pero no es mío”.

El PQ no se anda con rodeos y en su página Web (www.pq.org) señala abiertamente su deseo por “Québec como un país soberano y con todos los instrumentos políticos, jurídicos y fiscales para ser dueños de su destino”. Adicionalmente existe un “Consejo de la Soberanía” encargado de promover y realizar acciones para sumar más simpatizantes. Otro referéndum esta en el horizonte de Canadá pero ahora será impulsado por el recién electo líder del PQ, el simpático Andre Boisclair, un político declarado gay de 39 años y que fumó cocaína cuando trabajó para el gobierno provincial en los 90’s.

Pero el sentimiento entre los quebequenses por ser “soberanos” es confuso y su alcance no ha podido ser definido del todo. Mientras algunos quieren un “trato especial” por parte del gobierno federal, otros desean una independencia total. Según una reciente encuesta realizada en septiembre por The Centre for Research and Information on Canada, el 49% de los quebequenses desea una soberanía ligada a Canadá, pero solo el 34% quiere una independencia total. Otras encuestas, como la de Ekos Research Associates realizada en octubre, indica que el 56 por ciento votaría a favor de la independencia de Québec.

En este mar de indecisiones habría que sumar las declaraciones de Lucien Bouchard, líder del PQ en el referéndum de 1995, quien señala que hay otros retos a enfrentar antes de organizar otro referéndum. El problema del bajo índice de nacimientos, definir una estrategia para enfrentar la competencia global y el envejecimiento de la población, son algunos.

El PQ no la tiene fácil en su intento por recuperar el poder en el 2007. Frente a ellos esta Jean Charest, actual Primer Ministro de Québec y un férreo liberal federalista pro-Canadá. Por lo pronto las encuestas para la elección del 23 de enero indican que muy probablemente ganarán los liberales, sin embargo deberán construir alianzas con alguno de los otros partidos para formar un gobierno de coalición.

El futuro de Canadá se ve retador y esperemos que el gobierno mexicano este ideando estrategias para cualquiera de los escenarios que pudieran presentarse. EUA ya lo esta haciendo.

Glosa: ¿Seguirá vigente el hermanamiento de Saltillo con la ciudad de Windsor, Ontario, Canadá?.

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